Una investigación de ProPublica y The Texas Tribune encontró ingresos por alquiler no reportados, hipotecas omitidas y fuertes diferencias en el valor declarado de propiedades del candidato republicano al Senado por Texas.
Se han identificado unos $11.6 millones en activos frente a los más de $300 millones que CryptoFX habría captado en sus pocos años de operaciones con la captación de casi 40,000 personas en EE. UU. y en dos países más.
Los agentes del Departamento de Policía de Houston (HPD) permanecieron durante horas en paradas de tránsito mientras esperaban la llegada de oficiales de inmigración, incluso después de que las autoridades municipales intentaron limitar esa práctica, según una investigación periodística.
Un inmigrante de origen cubano detenido y con serios problemas psicológicos expresó en repetidas ocasiones su preocupación por su salud mental antes de morir en Camp East Montana. Los registros revelan cómo el personal de las instalaciones en Texas no respondió de manera adecuada.
Numerosas tiendas fabrican mercancía exclusiva para estos establecimientos, con materiales y acabados de menor calidad. Por lo tanto, los descuentos pueden ser reales, pero no siempre significan una mejor compra.
Durante el Operativo Metro Surge en Minnesota, muchos inmigrantes fueron trasladados fuera del estado o hasta expulsados de Estados Unidos antes de poder impugnar su detención por parte de ICE.
Al menos 10 inmigrantes detenidos han muerto por suicidio desde enero de 2025. Una investigación periodística señala fallas en atención médica, vigilancia y evaluación de riesgo dentro del sistema de detención migratoria.
Una investigación revela cómo algunos menores de edad que fueron adoptados terminan en centros privados de tratamiento bajo escrutinio por diagnósticos dudosos, pobre supervisión y paupérrimas condiciones de atención.
La investigación estatal señala a varios centros de capacitación que habrían certificado a estudiantes sin cumplir requisitos de seguridad y dominio básico del inglés.
Grupos de derechos civiles solicitan a un juez federal que no apruebe el acuerdo entre el gobierno y la empresa inmobiliaria porque “no compensa a las víctimas” y más bien las expone “a posibles detenciones, separación familiar o incluso deportación”.
