Cuando la adopción termina en confinamiento

Muchos menores adoptados en Estados Unidos son enviados en proporciones desmedidas a centros residenciales de tratamiento, un sistema con poca regulación donde se han documentado denuncias de abuso, diagnósticos cuestionables y estancias prolongadas, según una investigación de la agencia periodística The Associated Press.

Aunque los menores adoptados representan cerca del 2% de la población infantil del país, constituyen entre el 25% y el 40% de quienes viven en estos programas, de acuerdo con estimaciones citadas en la investigación. 

Estos centros forman parte de lo que algunos expertos llaman la “industria de adolescentes problemáticos”, una red de instituciones privadas que incluye internados, programas en zonas aisladas y centros de tratamiento.

Muchos de estos programas aseguran tratar el llamado trastorno de apego reactivo, conocido como RAD por sus siglas en inglés. Sin embargo, especialistas advierten que esa condición suele diagnosticarse de forma errónea en adolescentes.

El psicólogo Brian Allen, del Centro para la Protección de Niños de Penn State, explicó que se trata de un trastorno muy poco común y limitado a menores de cinco años que han sufrido negligencia severa durante sus primeros años de vida. Aun así, señaló que algunos centros lo atribuyen a adolescentes con problemas de conducta, aunque no cumplan con los criterios clínicos.

Un estudio realizado en su clínica encontró que cerca del 40% de los menores adoptados evaluados habían recibido ese diagnóstico, pero ninguno cumplía con los requisitos para tenerlo.

Pese a esas dudas, algunas instalaciones utilizan ese diagnóstico como base para ofrecer tratamientos que pueden costar hasta 20,000 dólares al mes, según AP.

UN NEGOCIO CON POCA SUPERVISIÓN

La investigación también apunta a los fuertes incentivos económicos detrás de estos centros. Empresas privadas y fondos de inversión han adquirido instalaciones con la promesa de márgenes de ganancia cercanos al 20%, en un sector con menos controles que otros servicios de salud.

Expertos citados por AP señalan que los ingresos dependen, en parte, de mantener a los menores internados por más tiempo y de reducir costos operativos, incluido el personal.

Una de las compañías mencionadas, Family Help & Wellness, opera más de una docena de centros y enfrenta varias demandas por presuntos abusos. En un comunicado citado por AP, la empresa dijo que apoya medidas para fortalecer la supervisión y mejorar la calidad del servicio.

En los últimos dos años, dos de sus instalaciones en Carolina del Norte cerraron tras la muerte de menores.

TESTIMONIOS DE ABUSO Y CONTROL

La investigación recoge testimonios de jóvenes que describen estos centros como espacios de control estricto, similares a una prisión, aunque sin intervención judicial.

Una adolescente identificada como Kate contó que pasó años en distintas instituciones. A los 13 años, en un centro de Utah, dijo que empleados la inmovilizaron durante un ataque de pánico. También describió castigos físicos y jornadas de trabajo forzado como parte de las reglas internas. “Vivíamos con miedo todo el tiempo”, dijo.

Un informe del senador Ron Wyden, citado en la investigación, documentó problemas estructurales en estos centros, entre ellos falta de personal, uso indebido de la fuerza y abusos físicos, sexuales y emocionales. 

El reporte concluyó que muchas instalaciones funcionan más como lugares de confinamiento que como espacios terapéuticos.