Caso CryptoFX: Una corte federal revisa cerca de 8,000 reclamos. ¿Cuánto recibirán de compensación?
Se han identificado unos $11.6 millones en activos frente a los más de $300 millones que CryptoFX habría captado en sus pocos años de operaciones con la captación de casi 40,000 personas en EE. UU. y en dos países más.

La corte federal puso los bienes de CryptoFX bajo control de John Lewis Jr. después de que la SEC demandó a la empresa en 2022. Los activos identificados están muy por debajo de los más de $300 millones captados.
Han pasado casi cuatro años desde que las autoridades federales pusieron freno a las operaciones de CryptoFX, la empresa de Houston, Texas, acusada de ofrecer capacitación en temas relacionados al mercado cambiario y criptomonedas con la falsa promesa de obtener altos rendimientos en ganancias.
El caso comenzó el 19 de septiembre de 2022, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés), presentó una demanda civil de emergencia contra CryptoFX, su fundador, Mauricio Chavez, y Giorgio Benvenuto ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.
La SEC dijo que buscaba detener una “oferta fraudulenta y no registrada de criptoactivos dirigida a inversionistas latinos”. Según la demanda, CryptoFX utilizaba el dinero de nuevos participantes para pagar a inversionistas anteriores.
La corte congeló los bienes de los demandados y, el 29 de septiembre de 2022, el juez federal Andrew S. Hanen nombró a John Lewis Jr. como administrador judicial.
Su función no es representar a CryptoFX, sino tomar el control de sus bienes, protegerlos, localizar recursos adicionales y distribuir lo recuperado entre las personas con reclamos aprobados, de acuerdo con el portal que la misma corte habilitó para las víctimas.
En marzo de 2024, la SEC amplió el caso y acusó a otras 17 personas de participar en la red de CryptoFX. La agencia sostuvo que el esquema captó alrededor de $300 millones de más de 40,000 inversionistas, en su mayoría latinos, en Estados Unidos y dos países más.

CASI 8,000 RECLAMOS BAJO REVISIÓN
El informe más reciente de Lewis, presentado el 31 de julio, señala que 7,609 reclamos llegaron antes de la fecha límite del 25 de enero de 2026 y otros 312 fueron presentados fuera de plazo.
La corte aprobó el plan de distribución y el equipo de la administración judicial comenzó a procesar las solicitudes.
“Cada reclamante recibirá una notificación que indicará si su petición fue aceptada o excluida, el monto reconocido y el método utilizado para calcularlo y quienes no estén de acuerdo tendrán 30 días para objetar la decisión por escrito, explicar las razones y presentar documentos de respaldo”, señala el documento presentado en corte por Lewis, quien podrá modificar su determinación, pedir más información o enviar la disputa al juez.
El cálculo parte de la pérdida neta de cada inversionista: el dinero entregado a CryptoFX menos las cantidades que recibió de la empresa. Los activos de los demandados se reunirán en un solo fondo y podrán realizarse uno o más pagos provisionales antes de la distribución final. El porcentaje que recibirá cada persona todavía no se conoce.
UNA FRACCIÓN DEL DINERO CAPTADO
Lewis informó que las pruebas financieras, los registros de la empresa y los datos de empresas contratadas para investigar el origen y destino de los bienes muestran que los demandados “operaban un esquema Ponzi”.
El análisis de las transacciones también encontró que las ganancias obtenidas con criptomonedas fueron “mínimas y claramente insuficientes” para cubrir los rendimientos mensuales de 15% prometidos, además de las comisiones y bonificaciones entregadas a promotores.
Al 31 de julio, la administración judicial tenía $3,065,395 en efectivo en cuatro cuentas fiduciarias. El total de activos conocidos, incluidos bienes liquidados y pendientes de liquidación, ascendía a unos $11.6 millones.
Esos recursos proceden de cuentas bancarias, criptomonedas, efectivo encontrado en las oficinas de CryptoFX, devoluciones de anticipos legales y ventas de propiedades, vehículos y otros bienes. La cantidad identificada representa solo una fracción de los más de $300 millones captados por la empresa. Además, el fondo debe cubrir los gastos del proceso judicial.
“Hasta la presentación de este informe no se han realizado desembolsos a inversionistas, víctimas o acreedores”, señala el documento.
Lewis calcula que la administración judicial podría concluir durante el primer trimestre de 2027. Antes deberán revisarse los reclamos, resolverse las objeciones y determinar cuánto dinero queda disponible para repartir.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN DE COMPENSACIÓN?
Según los documentos judiciales, el monto final que recibirá cada inversionista dependerá de su pérdida reconocida, el total de reclamos aprobados, los activos recuperados y los costos del proceso.
Si los $11,610,937 en activos conocidos se dividieran por igual entre las 7,921 personas que presentaron reclamos, cada una recibiría aproximadamente:$1,465.84, una cifra minúscula para quienes invirtieron decenas de miles de dólares.


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