¿Quiénes son los latinoamericanos a los que EE.UU. busca quitarles la ciudadanía?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó demandas civiles para revocar la ciudadanía de 12 personas naturalizadas, entre ellas tres hombres originarios de Colombia y Bolivia, en casos que van desde abuso sexual de un menor hasta tráfico de armas y espionaje para Cuba.

Las acciones no son procesos penales nuevos, sino demandas de desnaturalización. Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el gobierno puede pedir que se revoque la ciudadanía de una persona naturalizada si sostiene que la obtuvo de forma ilegal, por ocultar un hecho relevante o por declarar datos falsos durante el proceso migratorio, explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La agencia subrayó que los reclamos en las demandas son alegaciones y que aún no existe una determinación de responsabilidad en estos casos civiles.

Tres de los casos involucran a latinoamericanos: Óscar Alberto Peláez, de Colombia; Kevin Robin Suárez, de Bolivia; y Víctor Manuel Rocha, también de Colombia. Los expedientes fueron presentados el 7 de mayo en cortes federales de California y Florida, de acuerdo con las demandas revisadas por La Esquina TX.

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TRES CASOS BAJO LA LUPA

En el caso de Peláez, un sacerdote católico colombiano, el gobierno afirma que obtuvo la ciudadanía tras ocultar abusos sexuales cometidos contra un menor antes de naturalizarse. La demanda, presentada en el Distrito Este de California, sostiene que Peláez abusó de la víctima en varias ocasiones cuando el menor tenía entre 14 y 17 años.

Después de naturalizarse, fue condenado en California por 13 cargos relacionados con actos sexuales contra un menor, recibió una sentencia de seis años de prisión y quedó obligado a registrarse de por vida como agresor sexual, según el expediente federal.

La demanda señala que Peláez llegó a Estados Unidos en 1992, que la Diócesis Católica Romana de Stockton presentó trámites migratorios a su favor y que en 1999 solicitó la naturalización. En su solicitud N-400, respondió “No” cuando se le preguntó si alguna vez había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestado, según el documento judicial.

El gobierno sostiene que esa respuesta fue clave porque, de haber revelado los hechos, no habría cumplido con el requisito de “buen carácter moral” exigido para naturalizarse. La demanda pide revocar la orden que lo admitió como ciudadano estadounidense y cancelar su certificado de naturalización.

El segundo caso es el de Suárez, un boliviano residente en Naples, Florida. El Departamento de Justicia sostiene que Suárez participó en una conspiración para comprar armas mediante compradores intermediarios antes y después de naturalizarse. Según la demanda, Suarez se hizo ciudadano el 5 de enero de 2017, pero no reveló que ya había conspirado para dar información falsa a vendedores autorizados de armas.

El expediente afirma que, desde al menos mayo de 2016 hasta noviembre de 2017, Suárez y sus coacusados ofrecieron pagos en efectivo a personas para que compraran armas en nombre de otros y se presentaran de forma falsa como compradores reales. En un acuerdo de culpabilidad, el boliviano admitió que en julio de 2016 pidió a una persona comprar armas para su padre a cambio de $100 por arma; esa persona compró cuatro rifles en Naples y luego los entregó, de acuerdo con la demanda.

Suarez se declaró culpable el 3 de febrero de 2020 de conspirar para causar declaraciones falsas ante vendedores de armas autorizados. Fue sentenciado a 37 meses de prisión, según el expediente federal.

El tercer caso es el de Rocha, un exdiplomático estadounidense nacido en Colombia. El gobierno busca revocar su ciudadanía con base en su admisión, dentro de un proceso penal, de que empezó a servir como agente secreto de Cuba en 1973, cinco años antes de naturalizarse en Estados Unidos.

Rocha se naturalizó en 1978. La demanda afirma que durante ese proceso declaró que no había cometido delitos no revelados, que no tenía vínculos con el Partido Comunista y que creía en la Constitución y en la forma de gobierno de Estados Unidos. El gobierno sostiene que esas respuestas no eran ciertas.

En 2024, Rocha se declaró culpable de conspirar para actuar como agente de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos, además de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero. En el acuerdo de hechos, admitió que mantuvo su condición de agente cubano en secreto, que sostuvo reuniones con operativos de inteligencia cubanos y que ocupó cargos en el gobierno estadounidense que le dieron acceso a información no pública, incluida información clasificada, según la demanda.

Rocha fue sentenciado a 60 meses por uno de los cargos y a 120 meses por el otro, con penas consecutivas. El expediente indica que cumple la condena en FCI Coleman, en el condado Sumter, en Florida.