Texas demanda a clínica por operar un negocio de “turismo de parto”
La Fiscalía acusa a De’Ai Postpartum Care Center de atraer a clientas chinas para dar a luz en EE. UU. y obtener la ciudadanía para sus hijos. La demanda pide cerrar la operación y aplicar sanciones civiles.

La Fiscalía General de Texas presentó una demanda contra un negocios de servicios posparto del área de Houston al que acusa de operar durante casi dos décadas un negocio de “turismo de parto” dirigido a mujeres chinas que viajaban a Estados Unidos para dar a luz y obtener ciudadanía estadounidense para sus hijos.
La demanda, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, contra De’Ai Postpartum Care Center, Lin Suling y Lai Wan Lin-Chan, pide “una orden judicial temporal y permanente para frenar la operación”, además de sanciones civiles, honorarios legales y otras medidas. El caso fue llevado ante una corte de distrito en el condado de Fort Bend, de acuerdo con la petición original del estado.
“La ciudadanía por nacimiento es un fraude que amenaza la seguridad nacional, y haré todo lo que esté en mi poder para detener esquemas ilegales de turismo de parto como este”, remarcó Paxton a través de un comunicado.
Según la Fiscalía, el centro habría ofrecido servicios de alojamiento, cuidado prenatal y posparto, transporte, orientación migratoria y trámites para recién nacidos.
“El negocio se promocionaba como un centro elegante y de primera clase, y que afirmaba haber facilitado el nacimiento de más de 1,000 bebés en Estados Unidos”, según la demanda.
El documento judicial señala además que la operación comenzó en 2008 en una propiedad residencial del condado de Fort Bend y que luego se extendió a por lo menos cuatro direcciones en Sugar Land, Houston, Richmond y Rosenberg.
La Fiscalía afirma que el centro alojaba a varias familias al mismo tiempo y que, con base en su capacidad previa, podría facilitar hasta 20 nacimientos al día. También, recibía clientes por recomendación directa y mediante agencias de viaje o empresas de “turismo de parto” con sede en China.
En la petición, la Fiscalía pide sanciones civiles de hasta $10,000 por cada violación de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas, una orden judicial para detener las actividades, la pérdida de derechos y privilegios de operación del negocio, honorarios legales y cualquier otra reparación que la corte considere procedente.


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