Abbott redobla presión sobre Houston y Austin por límites a la colaboración policial con ICE

La presión del gobierno de Texas contra políticas locales sobre inmigración se intensificó esta semana en dos de sus principales ciudades. En Houston, el alcalde John Whitmire convocó una sesión especial del concejo municipal para este viernes con el fin de derogar la ordenanza aprobada la semana pasada que limita ciertos tipos de colaboración entre la policía local y agentes federales de inmigración. 

En Austin, el fiscal general Ken Paxton abrió una investigación por una directriz similar que regula cómo debe actuar la policía local ante órdenes administrativas de inmigración.

En Houston, el detonante fue la amenaza del gobernador Greg Abbott de retirar 110 millones de dólares en fondos estatales para seguridad pública si la ciudad no revierte la medida. 

“Houston recibió más de 100 millones de dólares del estado con base en un acuerdo por escrito en el que se comprometió a cumplir con la aplicación de las leyes de inmigración”, escribió Abbott en la red social X. 

“Si se niegan a cumplir, más vale que vaya preparando la chequera. Le saldrá caro si se oponen a mantener seguras sus calles”, advirtió el gobernador. 

Por su parte, Whitmire señaló en un comunicado que la posible pérdida de esos recursos provocaría una “crisis” para la “seguridad” de la ciudad, incluido el trabajo de la policía y de los bomberos, a pocos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA, en la que Houston será una de las sedes.

La agenda oficial del concejo confirma que el viernes 17 de abril se discutirá una ordenanza para derogar la norma aprobada el 8 de abril, identificada como la Ordenanza 2026-0284.

La ordenanza de Houston prohíbe que agentes policiales prolonguen una detención más de lo necesario durante algunos encuentros, tales como paradas de tráfico, solo para que una persona sea arrestada por agentes dela Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés). Sus defensores sostienen que la medida no impide la cooperación legal con autoridades federales, sino que fija límites acordes con la Constitución.

La concejal Alejandra Salinas, una de las principales impulsoras de la medida, pidió al alcalde y al abogado de la ciudad que recurran a los tribunales en vez de ceder a la presión estatal. 

En una carta fechada el 15 de abril, Salinas sostuvo que la amenaza de Abbott “es un intento de intimidar a nuestra ciudad por hacer lo que es correcto, lo que es legal y lo que defiende la Constitución” y afirmó que obligar a Houston a elegir entre derogar la ordenanza o perder recursos “es una falsa elección diseñada para forzar obediencia a través del miedo”. 

En la misma carta, urgió a presentar una orden de restricción temporal para impedir que el estado retire fondos y buscar una declaración judicial que confirme la legalidad de la norma.

Salinas también argumentó que la ciudad no tiene por qué renunciar de inmediato a la ordenanza. “Houston tiene una ruta legal clara”, escribió, al insistir en que la ciudad aún puede pedir alivio judicial antes de la fecha límite fijada por el estado.

AUSTIN YA ESTÁ BAJO LA LUPA

En Austin, la disputa avanza por una vía distinta, pero con el mismo trasfondo. Paxton abrió una investigación contra la capital texana por una nueva directriz del Departamento de Policía que entró en vigor a inicios de marzo y regula qué debe hacer un agente cuando encuentra a una persona con una orden administrativa de inmigración.

El documento, emitido por la jefa de policía Lisa Davis, establece que los agentes deben consultar con sus supervisores antes de llamar a ICE y antes de prolongar una detención mientras llegan agentes federales. La medida se produjo tras críticas de residentes, activistas y organizaciones por la deportación de una mujer hondureña y su hija de cinco años después de una intervención policial en su vivienda, según la información que se tiene.

El gobierno estatal sostiene que medidas como las de Houston y Austin pueden violar la ley SB 4, que impide que ciudades y condados adopten políticas que limiten de forma material la cooperación con autoridades federales de inmigración. Desde la perspectiva de Abbott y Paxton, estas reglas locales interfieren con la actuación de ICE y con la obligación de las agencias locales de colaborar con el estado y el Gobierno federal.