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Houston aprueba ordenanza que limita coordinación de agentes de policía con ICE

La medida elimina la espera obligatoria de 30 minutos para que agentes migratorios recojan a una persona detenida.

Insignia del uniforme de un agente del Departamento de Policía de Houston, durante una reunión comunitaria organizada el 20 de marzo de 2024. (Foto: La Esquina TX)

El Concejo Municipal de Houston aprobó este miércoles una ordenanza que limita parte de la cooperación del Departamento de Policía de Houston (HPD, en inglés) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en casos ligados a órdenes de detención administrativas. La votación final fue de 12 a 5 y contó con el respaldo del alcalde John Whitmire.

La medida cambia una política anunciada hace apenas unas semanas por la alcaldía y la jefatura policial. Hasta ahora, los agentes locales tenían permitido esperar hasta 30 minutos con una persona que registraba una orden administrative girada por ICE para que el personal federal llegara al lugar.

Con la nueva ordenanza, los efectivos de HPD ya no podrán retener a alguien más allá del tiempo razonable necesario para concluir la parada de tráfico o la investigación original.

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Estamos frente a un tema de tipo emocional y por lo tanto el público puede tener diferentes opiniones al respecto”, señaló Whitmire antes del voto de la propuesta impulsada por los concejales Alejandra Salinas, Abbie Kamin y Edward Pollard.

“Apoyo la medida porque creo que demuestra que hemos escuchado el clamor de nuestros residentes y que se están siguiendo las prácticas actuales de HPD con respecto a la Cuarta Enmienda.

Además de eliminar la espera obligatoria de 30 minutos, la ordenanza exige reportes trimestrales al Concejo Municipal sobre las interacciones entre HPD e ICE, una medida que busca dar más transparencia a una relación que en semanas recientes ha generado fuerte debate en Houston y en otras ciudades del estado.

La versión original de la propuesta, presentada hace unas semanas, buscaba ir más allá y permitir que los agentes tuvieran discreción para decidir cuándo llamar a ICE. Sin embargo, esa parte no llegó a votarse. El abogado de la ciudad, Arturo Michel, concluyó que “ese lenguaje podía entrar en conflicto con la ley estatal y poner en riesgo fondos estatales y federales”.

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La propia ruta que siguió esta ordenanza refleja otro cambio reciente en el poder dentro del ayuntamiento. Salinas, Kamin y Pollard llevaron la propuesta al pleno al amparo de la Proposición A, una enmienda a la carta orgánica de la ciudad aprobada en la elección del 7 de noviembre de 2023, que permite a tres o más miembros del Concejo colocar un tema en la agenda. Antes, esa facultad recaía en el alcalde.



Durante el debate, algunos concejales argumentaron que la mezcla entre vigilancia local y control migratorio debilita la confianza pública.

El concejal Julián Ramírez dijo que las políticas vigentes estaban colocando a los oficiales “en una situación imposible” y afirmó que una policía eficaz necesita la cooperación de comunidades inmigrantes para denunciar delitos y colaborar como testigos.

Los concejales Amy Peck, Willie Davis, Fred Flickinger, Mary Nan Huffman y Twila Carter votaron en contra de la medida bajo el argumento que generaría atención nacional, ya que puede interpretarse como una limitación a la cooperación con las autoridades federales.

Peck, además, defendió la política vigente del alcalde, que instruía a HPD a esperar 30 minutos.

“Creo que era sólida, razonable y ofrecía una guía clara, al tiempo que equilibra la seguridad pública y las posibles consecuencias legales”, advirtió.

El concejal Joaquín Martínez aclaró que la ordenanza no prohibe la comunicación entre HPD y ICE ni evita el arresto de personas acusadas de ciertos delitos.

“Pero hay que ser honestos, tampoco eliminará el temor con el que viven día a día tantas familias… el miedo no desaparecerá”, acotó el concejal Joaquín Martínez antes de emitir su voto a favor de la ordenanza.

Un reportaje del Houston Chronicle publicado a principios de marzo de 2026, documentó casos en los que policías de Houston detuvieron a conductores en revisiones de tránsito y luego los entregaron a agentes de inmigración, lo que reavivó el debate sobre la cooperación local con ICE.

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