Vídeo “Hay miedo”. Crece la incertidumbre en la comunidad inmigrante en este segundo periodo presidencial de Donald Trump
Un abogado experto en inmigración explica el temor que siente la comunidad que representa sobre las nuevas políticas migratorias del entrante mandatario.

¿Qué es lo más le preocupa a la comunidad inmigrante ante la intención del presidente Donald Trump de ejecutar la mayor ola de deportaciones en la historia del país, así como reducir drásticamente la entrada de migrantes y solicitantes de asilo?
Esa es quizás la interrogante que miles de inmigrantes y sus familiares se preguntan, sobre todo quienes viven en un estado alineado con Trump. Texas, el estado de la estrella solitaria, es el segundo con mayor población indocumentada (1,6 millones de personas, solo superado por California) y abarca casi dos tercios de la frontera entre EE. UU. y México.
Según el abogado Roberto Quijano, experto en leyes migratorias, la implementación de las políticas migratorias de la anterior administración de Trump en este nuevo ciclo presidencial afectará en gran medida a las diferentes categorías de inmigrantes.
“Hay varias cosas pequeñas que creo que harían la vida de los migrantes bastante imposible, como quitar la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y los permisos de viaje”, sostuvo Quijano en entrevista con La Esquina TX.
“Si Trump remueve ciertas prioridades a los inmigrantes con diversos estatus, significa que cualquier persona, por buena o mala que sea, si no está aquí bajo un estatus, estará sujeta a estas reglas y a una posible deportación para los que entran por la frontera”, señaló Quijano.
La implementación del Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en cortes estadounidenses, era de esperarse, señala Quijano.
“Durante su administración anterior, también intentó sin éxito eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para varios países. Anticipamos que buscará hacerlo nuevamente, junto con modificar el proceso de permisos de trabajo para eliminar su emisión automática a solicitantes de asilo”, dijo.
Quijano explicó que el nuevo fiscal general, quien será nombrado por el presidente Trump, podría realizar cambios que afecten los antecedentes en procesos legales migratorios.
“Durante su primera administración, el fiscal general designado por Trump modificó precedentes legales importantes, como la elegibilidad para solicitar asilo por violencia doméstica. Aunque Biden revirtió estos cambios, es probable que la nueva administración vuelva a restringir las bases para solicitar asilo, incluyendo casos basados en amenazas a familiares. Estos cambios en los precedentes legales, que típicamente son establecidos por el fiscal general nombrado por el presidente, podrían dificultar significativamente el proceso de asilo”, señaló.
CIUDADES SANTUARIO
Sobre el impacto que tendría una nueva administración Trump en las comunidades inmigrantes de ciudades santuario y las medidas legales que estos estados podrían implementar, el experto en migración explicó que todo dependerá de la legislación estatal.
“Si bien las ciudades santuario buscan proteger a los inmigrantes, su capacidad de acción está limitada por las leyes estatales. Por ejemplo, aunque Austin quiera proteger a los inmigrantes de Houston, el estado de Texas se lo impediría. Además, al ser la inmigración una competencia federal, las autoridades migratorias pueden ejercer su autoridad independientemente de las protecciones locales”, enfatizó.
“Los estados pueden intentar aprobar leyes protectoras, pero como han descubierto incluso los estados conservadores, el presidente tiene amplia discreción en la aplicación de las leyes migratorias, ya sea de manera favorable o desfavorable para los inmigrantes”, añadió.

DESAFÍOS JURÍDICOS Y REUNIFICACIÓN FAMILIAR
En cuanto al panorama legal migratorio desde la última administración de Trump, Quijano analiza los nuevos desafíos jurídicos que podrían surgir de un segundo mandato.
“El número de casos pendientes en las cortes de inmigración ha aumentado exponencialmente. Aunque durante el primer período de Trump ya eran numerosos, ahora la situación es más crítica” agregó.
Sobre la propuesta de deportaciones masiva, señala que uno de los obstáculos de su implementación es la falta de preparación de las cortes. Además, “ICE carece de recursos suficientes, tanto financieros como humanos, y el personal necesita capacitación adecuada. El intento de acelerar estos procesos sin personal debidamente entrenado podría resultar en violaciones de derechos humanos“, explicó.
Respecto a los procesos de reunificación familiar y visas familiares bajo una posible nueva administración, el experto señaló las opciones legales disponibles:
“Los programas actuales de reunificación familiar, que incluyen diversos permisos y visas para familiares en espera, probablemente sean reducidos por la administración. Sin embargo, el derecho de un ciudadano a solicitar residencia para sus familiares está protegido por ley y sería difícil de modificar. El principal impacto en las peticiones familiares sería la probable demora en los procesos. Aquí es donde el papel del abogado se vuelve crucial para defender y agilizar estos beneficios”, detalló.
Finalmente, Quijano enfatizó la importancia de contar con representación legal.
“Es fundamental consultar con un abogado. Es importante recordar que las personas tienen derechos y pueden defenderse, lo que incluye el derecho a denegar acceso” en caso de que las autoridades migratorias lleguen a su domicilio, concluyó el especialista.

