Houston modifica ordenanza sobre ICE. ¿Qué cambió?
Lo que comenzó como un intento por fijar límites a la colaboración con ICE terminó en un giro político bajo amenaza de recortes. La nueva versión brinda más discreción a los agentes de policía y podría debilitar la protección inicial.

Houston dio marcha atrás a parte de una ordenanza que limitaba la cooperación de la policía local con agentes federales de inmigración, luego de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con retirar millones de dólares en fondos.
Abbott advirtió que Houston, Austin y Dallas —tres de las ciudades más grandes del estado y bastiones demócratas— podrían perder en conjunto cerca de $200 millones en financiamiento para seguridad pública por sus políticas sobre la interacción entre policías locales y autoridades federales de inmigración.
Entre esos recursos, figuran decenas de millones destinados a la seguridad de los partidos del Mundial FIFA 2026, cuyas sedes incluyen a Dallas y Houston.
Hace dos semanas, el concejo municipal de Houston aprobó una ordenanza que elimina el tiempo de espera de 30 minutos como requisito de agentes del Departamento de Policía de Houston para que oficiales de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) llegaran a tomar custodia de una persona con una orden administrativa no judicial.
Si ICE no se presentaba en ese lapso, la policía registraba la información de la persona detenida y luego la dejaba en libertad.
Pero Abbott sostuvo que esa norma, y sus límites a la cooperación con ICE, violaba las condiciones de las subvenciones estatales por 110 millones de dólares que Houston ya había recibido. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, también demandó al alcalde John Whitmire y a miembros del concejo municipal por la ordenanza.
Tras más de dos horas de debate en su sesión semanal, el Concejo de Houston votó 13-4 a favor de modificar la ordenanza. Whitmire dijo que consultó con la oficina de Abbott cuáles cambios eran necesarios para evitar que la ciudad perdiera el financiamiento
“No tenemos alternativa para que Houston sobreviva, se prepare para el Mundial y patrulle estos vecindarios. Hoy tenemos que lograr que se restablezcan esos 114 millones de dólares”, señaló Whitmire durante la sesión de cabildo.

¿QUÉ CAMBIÓ EN EL DECRETO MUNICIPAL ENMENDADO?
La ordenanza enmendada eliminó parte de las barreras que el concejo había impuesto a la colaboración con ICE: ahora permite ampliar una detención por otros “fines legítimos” descubiertos durante la parada y borra la redacción que establecía que una orden administrativa de inmigración no bastaba, por sí sola, para arrestar o seguir reteniendo a una persona.
Primero, se amplió el margen para que la policía prolongue una detención. La versión aprobada hace dos semanas decía que un agente solo podía retener temporalmente a una persona el tiempo “razonablemente necesario” para completar el propósito original de la parada o investigación.
La enmienda agregó que también puede hacerlo por otros fines legítimos descubiertos durante esa detención. Ese añadido abre más espacio de interpretación sobre cuánto puede extenderse una retención.
Segundo, se eliminó el lenguaje que dejaba claro que una orden administrativa de ICE, por sí sola, no justificaba un arresto o una detención por parte de la policía local. Ese era uno de los puntos centrales de la norma original, porque distinguía entre una orden administrativa migratoria y una orden firmada por un juez. Al borrar esa redacción, la ordenanza queda menos precisa sobre los límites de actuación del Departamento de Policía de Houston frente a solicitudes de ICE.
Tercero, también se eliminó la parte que obligaba a liberar a la persona si no existía “sospecha razonable” de otro delito. En la práctica, ese candado servía para evitar que una parada local terminara convertida en una retención prolongada solo por razones migratorias.
Cuarto, Houston no volvió formalmente a la antigua regla de esperar 30 minutos a que ICE llegara por una persona con orden civil migratoria, según explicó el abogado de la ciudad, Arturo Michel. Pero Whitmire dio una explicación más amplia al decir que los sargentos de policía evaluarían “la totalidad” de las circunstancias antes de decidir si liberan a alguien.
En términos simples: la ordenanza original buscaba acotar con claridad cuándo la policía local podía seguir reteniendo a alguien por una orden civil de inmigración; la enmendada borra parte de esas barreras y deja más discreción a los agentes.
Con información de AP y The Houston Chronicle


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