El sacrificio máximo: pésimas condiciones laborales se cobran la vida de dos trabajadores migrantes

Por Esther Honig, Investigate Midwest, y Johnathan Hettinger, Investigate Midwest

El 23 de junio de 2021, cuando el sol comenzaba a brillar en las colinas verdes de Harrells, en Carolina del Norte, solo se podían observar los metales carbonizados de aquella casa móvil. Una investigación del Departamento de Bomberos local confirmó que el fuego comenzó en la estufa eléctrica de la cocina. Desde allí subió a los armarios, llegó a la sala y dañó los dos dormitorios. La totalidad de la estructura quedó consumida por las llamas en cuestión de 30 minutos. En una foto tomada luego de ocurrido el desastre se podían ver los escombros; los restos carbonizados de un colchón eran el único indicio de que alguien había vivido allí.

Estacionada en medio de un matorral de árboles altos y rodeada de kilómetros de tierra para cultivo, la casa móvil se encontraba en el lugar donde los primos Vicente Gómez Hernández y Humberto Feliciano Gómez pasarían el verano de 2021. Ellos llegaron allí desde San Juan Mixtepec, uno de los municipios en que se divide el estado de Oaxaca, donde eran parte de los Mixtecos, una comunidad indígena. Ahora regresarían a su comunidad en bolsas mortuorias.

Gómez y Feliciano son dos entre cientos de miles de trabajadores agrícolas que todos los años llegan a los EE.UU. amparados por la visa H-2A que permite a los trabajadores extranjeros obtener empleos temporales en la industria agrícola. Es el programa para trabajadores agrícolas más importante que ha brindado el gobierno federal. Y cada vez más gente lo solicita. Aun así, muchas personas que obtienen esta visa con la esperanza de conseguir un trabajo estable y que sea bien remunerado, terminan siendo víctimas de una pesadilla que incluye tráfico laboral de personas, robo de salarios y pésimas condiciones de vida que puede provocarles lesiones o incluso causarles la muerte.

La ley federal establece numerosas protecciones para los trabajadores que llegan con la visa H-2A. Por ejemplo, los empleadores tienen que cubrir los costos de traslado de los empleados, brindarles un lugar de alojamiento que sea seguro y gratuito, y pagarles un salario por hora que resulte competitivo.

Lo que sucede es que estas leyes, tanto las estatales como las federales, pocas veces se cumplen como deberían. Esta falta de controles crea el escenario ideal para que los trabajadores resulten explotados, engañados, e incluso, abusados.

Una vez que los trabajadores llegan a su lugar de destino en los Estados Unidos, están obligados a cumplir las leyes y dependen de los recursos que cada estado tenga a disposición. Por ejemplo, en una denuncia de Investigate Midwest consta que en Misuri, la falta de presupuesto tuvo como consecuencia que las inspecciones no fueran severas como deberían y esto propició el escenario para que los trabajadores amparados por la visa H-2A vivieran en pésimas condiciones.

Si los trabajadores caen en manos de un jefe maltratador, no tendrán muchas opciones. No tienen permitido buscar otro empleo porque la visa solo les permite trabajar para el empleador que los trajo a EE.UU. Si dejan este trabajo, perderán la visa y podrían ser deportados. Si denuncian condiciones de abuso, podrían ser víctimas de represalias y, por pedido de los reclutadores y empleadores, no podrán volver a obtener la visa. Esto hará imposible que vuelvan a trabajar legalmente en los EE.UU.

“La esencia del programa que otorga las visas H-2A no les permite a los trabajadores tener ningún tipo de control sobre sus lugares de trabajo”, dijo Joan Flocks, profesora emérita de Derecho en la Universidad de Florida, especializada en leyes que regulan el trabajo agrícola.

Según los especialistas en el tema, por estos motivos, los abusos cometidos contra los trabajadores extranjeros no se denuncian, ya que, de hacerlo, los denunciantes deberán elegir entre recibir un trato justo o tener la oportunidad de ganar más dinero.

En septiembre pasado, desde el Departamento de Trabajo se anunció la implementación de varias reglas pensadas para ampliar las protecciones que se brindan a los trabajadores amparados por la visa H-2A. Algunas de las medidas consisten en lograr que el proceso de reclutamiento sea más transparente y que los trabajadores tengan la opción de exigir mejores condiciones laborales, como, por ejemplo, poder unirse a los sindicatos. Estas medidas están abiertas a consulta pública hasta el mes de noviembre y, por más que los abogados defensores de los trabajadores (incluyendo a United Farm Workers o Unión de Campesinos) las apoyen, todavía está por verse cuán efectivas llegarán a ser.

La visa H-2A está pensada para brindar una alternativa segura y así evitar que los inmigrantes crucen la frontera ilegalmente, lo que significa un beneficio tanto para los trabajadores como para los empleadores. A partir de la obtención de esta visa, Gómez y Feliciano esperaban ganar $13.15 por hora por recolectar papas dulces y arándanos, una fruta que nunca habían probado hasta llegar a los Estados Unidos.

Sin embargo, los trabajadores fueron sometidos a condiciones de explotación desde el comienzo. Cuando empezaron a trabajar, ya tenían deudas, vivían en una casa móvil en mal estado y nunca recibieron la totalidad de los pagos que pensaban recibir. Al final, perdieron sus vidas en un incendio cuya causa exacta todavía no se ha determinado. 

Según los datos del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, en la última década, la cantidad de trabajadores que llegan al país amparados por la visa H-2A ha aumentado en forma constante. En 2022, cerca de 300,000 trabajadores llegaron al país; este número representa un aumento del 15% respecto a 2021 y más del triple respecto a los que llegaron en 2012.

Los trabajadores que llegan al país legalmente gracias a la visa H-2A pasan varios meses limpiando los campos, plantando semillas y cosechando frutas y vegetales. Realizan estos trabajos a cambio de un salario que resulta impensado conseguir en sus países de origen. Más del 90% son de México. Sin el trabajo que ellos realizan, la mayor parte de la producción agrícola ni llegaría a las tiendas.

Sin embargo, problemas como los que tuvieron que enfrentar Gómez y Feliciano son los que abundan desde la creación del programa en 1986.

Los casos de abuso y explotación se registran debidamente en todo el país. Algunos ejemplos registrados este año incluyen el caso de un hombre de 28 años que falleció a causa de un golpe de calor en Florida, producto de la falta de agua y descanso a la que era sometido por sus empleadores. En Utah, descubrieron que el presidente de la Dirección de Granjas propiciaba maltratos físicos a uno de los trabajadores inmigrantes y ahora enfrenta una investigación por tráfico de personas. Otro caso es el que tuvo lugar en California cuando le quitaron las visas a un grupo de trabajadores luego de que reportaran las malas condiciones laborales. Estas historias nunca acaparan los titulares de las noticias, pero, en 2021, una investigación federal, Operation Blooming Onion, logró que estos casos captaran la atención de todo el país. La investigación realizada durante el curso de varios años mostró evidencias de una operación multinacional de tráfico de personas, cuya sede principal se encontraba en Georgia, que obligó a más de 100 trabajadores extranjeros a soportar pésimas condiciones de vida que los investigadores denominaron “condiciones de esclavitud moderna”.

Desde 2018 a 2020, a través de una línea telefónica habilitada por Polaris Project, una organización sin fines de lucro que lucha en contra del tráfico de personas, se identificaron a 2,841 trabajadores extranjeros que eran víctimas del tráfico laboral. Más de la mitad de estos trabajadores denunciaron que recibieron amenazas de ser deportados luego de exigir buenas condiciones de vida y el pago de los salarios que les debían. Otros alegaron que sus empleadores, como forma de control sobre ellos, retuvieron o destruyeron la documentación que les permitió ingresar al país en forma legal. Además, cerca de un cuarto de los trabajadores dijo que incurrieron en deudas para lograr obtener sus visas H-2A (incluyendo el pago ilegal de comisiones para efectivizar el proceso de contratación) y que la existencia de estas deudas era usada como medio de extorsión para obligarlos a trabajar en contra de sus voluntades.

Según los especialistas, estos casos no reflejan la totalidad de los problemas que surgen a raíz del programa H-2A. Esto se debe, en parte, a que los trabajadores no quieren denunciar las condiciones de abuso y también porque las agencias responsables de prevenir estas situaciones no cuentan ni con fondos ni con personal para ejercer los controles necesarios.

De acuerdo con una investigación realizada por el Instituto de Política Económica, un instituto sin fines de lucro, desde 2006, prácticamente no han aumentado los fondos destinados a la División de Horas y Salario del Departamento de Trabajo, división que debería controlar las condiciones laborales de los trabajadores extranjeros. En el transcurso de estos años, la cantidad de trabajadores que llegaron al país con la visa H-2A ha aumentado más del 500%.

Como resultado, se reducen a menos de un 1% las probabilidades de que una granja que reciba trabajadores amparados por la visa H-2A sea sujeto de algún tipo de inspección, situación que puede derivar en un mínimo cumplimiento de las leyes laborales. Daniel Costa, director de las leyes de inmigración y de la investigación de políticas del Instituto de Política Económica y autor del informe, dijo en una entrevista que “las granjas tienen libertad de hacer lo que quieran porque hay muy pocas probabilidades de que sean investigadas”.

En una respuesta formulada por escrito, un vocero del Departamento de Trabajo dijo que la agencia “hace un uso estratégico de los fondos asignados por el Congreso” y que “de manera regular, se investigan a los empleadores y a quienes contratan a los trabajadores en las granjas”.

En lo que respecta al alojamiento, el programa H-2A cuenta con regulaciones estrictas, pero, en la práctica, los esfuerzos de las agencias estatales para exigir el cumplimiento de dichas normas han demostrado ser laxos.

Un ejemplo de esto es lo que sucede en Carolina del Norte, estado en el cual, en 2022, solo había ocho funcionarios encargados de las inspecciones de 2,061 lugares de alojamiento para los trabajadores extranjeros, según el Departamento de Trabajo de Carolina del Norte (NCDOL). Cada funcionario estaba a cargo de controlar un total de 257 lugares, actividad que se sumaba a sus otras obligaciones, como, por ejemplo, controlar el cumplimiento de las regulaciones federales concernientes al trabajo agrícola o brindar sesiones de entrenamiento en todo el estado.

Por medio de un correo electrónico, desde NCDOL reconocieron el aumento de emisión de visas H-2A en el estado y agregaron que este año recibieron fondos para sumar dos funcionarios al personal. “Mientras más empleadores contraten a trabajadores extranjeros, la Oficina de Salud y Seguridad Agrícola del Departamento de Trabajo Carolina del Norte espera que también aumente el número de lugares registrados que se destinarán a brindar alojamiento. Agradecemos que en el último presupuesto se haya contemplado la incorporación de dos funcionarios enviados por la Asamblea General de Carolina del Norte y, por supuesto, siempre estaremos dispuestos a recibir a más inspectores que puedan colaborar con el cumplimiento de las tareas asignadas al Departamento”.

En las inspecciones realizadas antes de que fuera utilizada como vivienda, el funcionario de NCDOL no encontró ninguna irregularidad en la casa móvil donde vivieron Gómez y Feliciano. Investigate Midwest revisó una copia del informe, el cual se entregó el 24 de febrero de 2021, meses antes del incendio. Este informe no incluía detalles sobre el estado de la casa móvil y constaba que solo se revisó una caja y se determinó que cumplía con las normas federales. El informe anual presentado en 2021 afirmaba que el NCDOL no encontró irregularidades en el 51.9% de los lugares destinados a alojamiento.

Sin embargo, Investigate Midwest entrevistó a un trabajador que el verano anterior había vivido en esa misma casa móvil donde Gómez y Feliciano fallecieron y la describió como un lugar que prácticamente no podía ser habitado.

El trabajador, cuya identidad se mantiene reservada por temor a represalias, dijo que el piso estaba lleno de agujeros y que muchas veces se quedaban sin agua y sin luz. También contó que solo tenían un bote de plástico y un grifo ubicados afuera, en la parte de atrás de la casa móvil, para lavar la ropa y los platos. No había aire acondicionado ni ventiladores y las ventanas estaban tapadas con maderas. Declaró que la casa móvil estaba cubierta de cucarachas y que, a la noche, cuando se acostaban en colchones en el piso, los ruidos de las ratas no los dejaban dormir.

Una vez que los trabajadores están instalados en sus lugares de alojamiento, un inspector estatal puede regresar y realizar las inspecciones correspondientes para asegurarse de que el lugar se encuentra bien mantenido. Sin embargo, es raro que se realicen inspecciones durante la temporada de cultivo.

Según el informe anual del NCDOL presentado en 2022, solo 16 de los 2.052 lugares habilitados por el estado han sido inspeccionados una vez que los trabajadores se encontraban viviendo allí, lo que representa un porcentaje del 0.7%.

Thomas Arcury es un científico que trabaja en el área de salud en la Universidad de West Forest y durante casi 30 años ha estado a cargo de investigar todos los aspectos concernientes al trabajo agrícola del estado. Como parte de su investigación, en la década de 2010 Arcury, estuvo a cargo de la inspección de los lugares de alojamiento donde vivían los trabajadores. Descubrió que el 41% de las viviendas que fueron sometidas a controles una vez habitadas no cumplía ninguna de las normas de seguridad estatales en lo que respecta a plagas de roedores, dispositivos rotos y cantidad de ocupantes por unidad, ya que algunos lugares estaban habitados por más personas que las permitidas. 

“Incluso si aprobaran la inspección, no querrías vivir allí. Si quieres mi opinión, los lugares donde viven los trabajadores agrícolas son peligrosos”, declaró en una entrevista.

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Recién en los últimos 15 años se escuchó hablar sobre el programa H-2A en San Juan Mixtepec. Antes de esto, trabajar en los Estados Unidos significaba pagar miles de dólares a un traficante de personas y luego arriesgar tu vida para cruzar la frontera ilegalmente. Era un camino para que muchos, hombres jóvenes en su mayoría, pudieran salir de la extrema pobreza que golpea a Oaxaca.

En 2019, Gómez escuchó hablar por primera vez sobre la visa. Su primo, Valentino López Gómez, había trabajado como reclutador y contratista laboral del programa H-2A. La mayoría de los empleadores contrata a sus trabajadores extranjeros por medio de reclutadores, pero son cada vez más los casos de contratación a través de contratistas laborales, como López, que cumplen las funciones de un empleador oficial. Según los abogados especialistas, esto les permite a los propietarios de las granjas desentenderse de cualquier responsabilidad si algo sale mal. López, que contaba con la certificación del Departamento de Trabajo de los EE.UU., contrató a hombres y mujeres provenientes de San Juan Mixtepec y los trajo a Carolina del Norte, donde los subcontrató para que trabajaran en las granjas locales.

Gómez tenía 39 años, una esposa, dos hijos y necesitaba ganar más dinero. Sobrevivir en San Juan Mixtepec era cada vez más difícil. Las inundaciones estaban causando pérdidas de las cosechas y éstas han sido la principal fuente de ingresos para la comunidad durante cientos de años. Le contó a Feliciano, que tenía poco más de 30 años y estaba ansioso por formar su propia familia, sobre esta oportunidad de trabajo. En un principio, Feliciano no quería ir, ya que le asustaba viajar a un destino tan lejos de su hogar, pero Gómez pensó que llegar con una visa era seguro y que López era parte de su familia, por lo tanto, era una persona de su confianza quien iba a cuidar de ellos una vez en los Estados Unidos.

En 2020, los dos hombres se sumaron a otros 38 trabajadores oriundos del mismo pueblo. López estuvo a cargo del proceso de reclutamiento y los envió a cosechar arándanos en las granjas Ronnie Carter Farms y Hannah Forest Bluebery, ambas ubicadas en Carolina del Norte. Ese verano, Gómez y Feliciano vivieron en la misma casa móvil donde fallecieron un año después. Con ellos también vivía el trabajador que dio detalles sobre las pésimas condiciones de la unidad a Investigate Midwest. No se sabe mucho acerca de cómo fue la experiencia de aquel primer viaje realizado por los primos. Miembros de sus familias aseguraron que el sueldo que percibían apenas les alcanzaba para pagar la deuda que contrajeron al viajar a los Estados Unidos.

En octubre de 2022, 13 de los trabajadores que López reclutó presentaron una demanda civil en la corte federal del Distrito Este de Carolina del Norte y alegaron que López les cobró comisión por el reclutamiento. Los valores rondaban entre $1.200 y $5.245. Insistimos en que, según las reglas del Departamento de Trabajo, el cobro de dichas comisiones está prohibido. Incluso muchas se pagaron con préstamos cuyos intereses eran muy altos, por lo tanto, los trabajadores arrancaban la temporada de cosecha con deudas acumuladas.

Según lo que obra en la causa, López confiscó sus pasaportes. Así extorsionaba a los trabajadores: si no hacían lo que él decía, llamaría a Inmigración. Los trabajadores reclaman que él no quiso reintegrarles el valor de los costos del traslado desde México, reintegro que correspondía hacer según lo establecido por el Departamento de Trabajo. Él también los obligó a trabajar mientras les robaba parte o todo el salario a los trabajadores. En la demanda también consta que López trató de obligar a una trabajadora a brindarle favores sexuales.

El caso aún no ha recibido sentencia, pero, si López es declarado responsable, los trabajadores podrán aplicar para la obtención de visas especiales y podrán quedarse en los Estados Unidos en forma permanente.

Ni López ni ninguno de sus abogados han contestado las numerosas llamadas telefónicas y correos electrónicos que se les enviaron para solicitarles que hicieran algún comentario al respecto de lo narrado en esta historia.

Los últimos 15 años, Caitlin Ryland, representante de los trabajadores, ha colaborado con Legal Aid of North Carolina (Asistencia Legal de Carolina del Norte), una organización sin fines de lucro que brinda asistencia letrada gratuita. Durante estos años, ella ha visto cómo los trabajadores extranjeros se volvieron víctimas de actos criminales, ya sea sujetos de algún tipo de servidumbre por deudas, fraudes o tráfico de personas.

“Todos los años escuchamos historias parecidas de trabajadores que son reclutados para trabajar en las granjas de Carolina del Norte. La cantidad de casos de tráfico de personas que recibimos es un reflejo de lo que sucede en esas granjas”, escribió Ryland en un correo electrónico enviado a Investigate Midwest.

Gómez y Feliciano no eran parte demandante en la denuncia civil. Según Ryland, en 2020 ellos se encontraban en un grupo de trabajadores identificados por el Departamento de Trabajo. López les debía el dinero de sus salarios y el reintegro de los gastos de traslado.

No obstante, ambos decidieron regresar al año siguiente. Según el relato de sus familiares, ir a Carolina del Norte era la mejor opción que ellos tenían. Esta vez, los trabajadores debieron pagarle a López cerca de $2.000 por las comisiones del proceso de reclutamiento y los gastos de traslado. Se trataba de una pequeña fortuna para la mayoría de las personas que, en sus pueblos, ganaban $12 por día. Los primos tomaron dinero prestado de otros miembros de la comunidad, con un interés del 5%. Era un riesgo, pero, si todo salía como planeado, podrían pagar la deuda y volver a casa con $3.000 cada uno.

La experiencia de Gómez y Feliciano es bastante común entre los trabajadores que llegan al país amparados por la visa H-2A. En 2019, el Centro de los Derechos del Migrante (CDM), una organización internacional dedicada a proteger los derechos de los trabajadores, entrevistó a 100 extranjeros y se les preguntó cómo habían sido sus experiencias. Más de un cuarto de ellos dijo que pagaron una comisión para ingresar al proceso de reclutamiento. Abigail Kerfoot, abogada en el CDM, dijo que el número de víctimas es mayor y que este tipo de abuso es, en parte, tan común porque las autoridades se niegan a investigar esta actividad, ya que se desarrolla en un país extranjero.

“Es evidente que hay una relación bilateral entre México y los Estados Unidos que debe tenerse en cuenta”, dijo la abogada.

En un comunicado, un vocero del Departamento de Trabajo explicó que, si bien la agencia puede multar e inhabilitar a los reclutadores que cobran comisiones ilegales, “la División no tiene autoridad ante entidades locales ubicadas fuera de los Estados Unidos y sus territorios”.

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Un martes a la tarde a fines de junio de 2021, Gómez y Feliciano regresaron a su casa móvil luego de una larga jornada de cosecha de papas dulces. Otro trabajador, Luis Rojas, se alojaba con ellos. Rojas dormía en la sala, mientras que cada uno de los primos tenía su habitación. Según la declaración que Rojas hizo ante la Oficina de Prevención de Incendios del Condado, los hombres tomaron una cerveza cada uno luego de finalizar la jornada laboral y también, como era habitual, se comunicaron con sus familiares a través de WhatsApp.

Cerca de las 8 p.m., se prepararon pescado frito para la cena y cada uno tomó dos cervezas más antes de irse a la cama.

Cerca de la 1:30 a.m., según las declaraciones, Rojas se despertó porque sintió mucho calor en el rostro. La casa móvil estaba cubierta de humo y pudo ver que la cocina se estaba incendiando. Corrió hacia la puerta trasera, pero no pudo abrirla. Mientras Rojas intentaba abrir la puerta, escuchó los gritos de Feliciano y lo vio dirigirse hacia la habitación de Gómez. La puerta se abrió y Rojas salió corriendo para pedir ayuda en la casa de en frente donde vivían otros trabajadores.

Los hechos ocurridos esa noche pudieron reconstruirse gracias a las declaraciones registradas en el informe del Origen y Causas del Incendio brindado por la Oficina de Prevención de Incendios del Condado Sampson, el relato de Rojas y los testimonios de otros trabajadores que fueron testigos del incendio. No queda claro si Feliciano se acostó a dormir o si se quedó levantado, ya que en algún punto se sugiere que él podría haberse preparado algo más para comer. Encendió la estufa eléctrica, que tenía solo dos hornillas. El investigador dijo que el incendio se pudo haber originado de dos maneras distintas: “por la falla de una pieza de la estufa” o por “negligencia de los ocupantes”. Es posible que Feliciano, en forma accidental, provocara un incendio cuyo combustible era la grasa y que rápidamente se salió de control, o podría ser que la estufa tuviera alguna falla y haya causado el incendio.

Sabemos que el fuego alcanzó a Feliciano y los investigadores sugieren que él pudo haber corrido hacia el baño para tratar de apagar el fuego en su ropa. No se sabe si, esa noche, la casa móvil tenía agua. Aparentemente, Gómez permaneció dormido. La inspección realizada pocos meses antes y previo a la llegada de los trabajadores no dice nada acerca del funcionamiento de los detectores de humo, pero Rojas afirma no haberlos escuchado. Investigate Midwest solicitó hablar con el inspector para aclarar la información, pero la solicitud fue rechazada.

Tanto el jefe de la Oficina de Prevención de Incendios del Condado como el subjefe se negaron a dar declaraciones sobre este caso a Investigate Midwest.

A la 1:35 a.m., un trabajador que vivía en la casa de al lado salió corriendo a avisarle lo sucedido a Lucas Carter, que vivía cerca. Carter, dueño de la casa móvil y jefe de la granja, llamó a los bomberos. Carter no respondió ninguna de las tres llamadas telefónicas que se le hicieron para que brindase declaraciones al respecto.

Otros trabajadores intentaron rescatar a Feliciano y a Gómez, pero no pudieron lograrlo debido al calor y las llamas. Las casas móviles, en especial las más viejas, están fabricadas con materiales sintéticos livianos que ayudan a la rápida expansión del fuego. La estructura angosta puede impedirle la salida a las personas que se encuentren adentro. Los trabajadores arrancaron una parte lateral y pudieron dar con la habitación de Gómez. Estaba inconsciente. Lo sacaron de la casa móvil mientras yacía en el colchón. Los paramédicos y los bomberos llegaron treinta minutos después del inicio del incendio, pero no pudieron reanimar a Gómez. Feliciano fue encontrado muerto en el baño.

En el informe, los investigadores creen que Feliciano pudo haber iniciado el fuego mientras se encontraba bajo la influencia del alcohol. El examen oficial determinó que el nivel de alcohol en sangre de Feliciano era del 0,3%, tres veces más del límite legal permitido en Carolina del Norte, lo que sugiere que se encontraba “altamente intoxicado”. El porcentaje de alcohol en sangre encontrado en Gómez asciende a la mitad.

El escenario descrito por los investigadores es verosímil, pero hay motivos para creer que las condiciones de la casa móvil tuvieron un papel importante en lo que sucedió aquella noche (por alguna razón hay registros de las malas condiciones de alojamiento que son brindadas a los trabajadores extranjeros). En este caso, los investigadores no pudieron descartar que el mal funcionamiento de la estufa haya provocado el incendio. Además, el estado de la casa móvil, según la descripción de quien vivió allí con Gómez y Feliciano, no coincide con el informe elaborado por el NCDOL luego de la inspección previa a la ocupación de la unidad. En dicho informe consta que no se encontraron irregularidades en la unidad.

En su declaración, Rojas describió a la casa móvil como un lugar “desagradable”. También dijo que no habían tenido agua caliente por una semana y que nunca les explicaron cómo usar el extinguidor ni qué hacer en caso de un incendio o una emergencia. Además, mientras en el informe del NCDOL constaba que no había problemas con los detectores de humo, Rojas afirmó que él no los escuchó. Según el subjefe del Departamento de Prevención de Incendios, Lucas Carter, dueño de la casa móvil, no pudo confirmar si los detectores de humo funcionaban correctamente.

Nadie, ni López o Lucas Carter, llamó a los familiares de las víctimas. Fue otro trabajador, también oriundo de San Juan Mixtepec, quien llamó a un familiar de Gómez para avisarle lo que había ocurrido. La tragedia había sucedido tan lejos y les habían dado tan pocas explicaciones que, por varios días, muchos familiares no creyeron lo que escuchaban. Chequeaban sus teléfonos a la espera de recibir un mensaje de alguno de ellos para poder preguntarles qué había pasado. Un mes después, cuando los cuerpos fueron repatriados, no tuvieron otra opción más que aceptar la realidad.

En San Juan Mixtepec es tradición rezar, durante ocho días, junto al cuerpo del ser querido fallecido y la familia debe recibir a quienes van a darle el pésame. Cada día, cerca de 200 personas se acercaron a despedir a Feliciano. La familia sirvió bebidas, sopa de menudos y panecillos dulces. La familia de Gómez recibió a sus allegados y todos rezaron por él.

Luego de transcurridos ocho días, Feliciano fue cremado y la familia pudo, por fin, obtener respuestas. Pero ahora, además del costo de los servicios fúnebres, tienen que pagar la deuda de Feliciano, que asciende a los $11.000.

La familia de Feliciano pidió dinero prestado, sin intereses, a familiares que se encontraban en los Estados Unidos para devolver el dinero que los vecinos le habían prestado. Ahora, el padre de Feliciano trabaja en otras granjas para poder devolver ese dinero y no puede ocuparse ni de su siembra ni de sus animales.

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Cada año, alrededor de 250 personas oriundas de San Juan Mixtepec llegan a los Estados Unidos gracias a la visa H-2A. Tal como sucede con López, los reclutadores son oriundos del mismo lugar y cobran entre $1.000 y más de $5.000 por las solicitudes para obtener la visa, trámite que debería ser gratuito. Los gobernantes del pueblo sostienen que el programa H-2A les brinda oportunidades económicas, pero cada vez se muestran más preocupados por las condiciones de abuso reportadas por los trabajadores.

Según Rey Martínez López, representante de la comunidad de San Juan Mixtepec, muchos trabajadores, luego de pasar una temporada en los Estados Unidos, regresan sin el dinero suficiente para devolver lo que tomaron prestado para pagar las comisiones. “Cuando esto sucede, los reclutadores los extorsionan y, en el peor de los casos, los chantajean y amenazan, por más que las empresas ya hicieron los pagos correspondientes a los reclutadores de acuerdo a la cantidad de personas que trajeron al país”, declaró.

Martínez sostiene que ninguna de las familias de los trabajadores fallecidos recibió algún tipo de indemnización por parte del gobierno de los Estados Unidos o de otros empleadores que los contrataron. Él cree que los trabajadores deberían tener un seguro de vida, de manera tal que sus familias cuenten con algún apoyo financiero. Pero, para él, lo más importante es el gobierno de los Estados Unidos investigue y castigue a los reclutadores corruptos.

En diciembre de 2022, el Departamento de Trabajo inhabilitó a López para trabajar como contratista de trabajadores extranjeros por tres años luego de comprobar que él “confiscaba los pasaportes de los trabajadores apenas llegaban al lugar, debía el pago de varias semanas a más de una docena de trabajadores, no reintegró los gastos de traslado y les cobró comisiones de entre $150 y $8.000 para que pudieran ingresar al programa” durante las temporadas de siembra de 2020 y 2021. También recibió una multa de $62.531. La investigación permitió recuperar $58.039 del salario que se les debía a 72 trabajadores. Su inhabilitación rige hasta 2025. Una vez transcurridos los tres años, podrá volver a trabajar como contratista laboral.

Mientras tanto, en San Juan Mixtepec, donde la mayoría de las casas tiene pisos de tierra y no tiene agua corriente, la distinguida casa de López se ubica al costado de una colina. La estructura de dos pisos, hecha de cemento y estuco blanco, está rodeada por un bloque de hormigón con un portón de hierro.

La gente de la comunidad no ha visto a López en el lugar desde hace años. En su ausencia, la casa sirve como recordatorio para los miembros de la comunidad y los vecinos de los sueños que no pudieron cumplirse.

Este reportaje, realizado en colaboración con Food & Environment Reporting Network, una organización de noticias independiente y sin ánimo de lucro, fue publicado originalmente en Investigate Midwest.