Ordenanza para inspeccionar apartamentos de “alto riesgo” sigue sin fecha de votación en Houston

La ordenanza que busca crear en Houston un programa especial de inspección para apartamentos de alto riesgo sigue sin avanzar a una votación final en el Ayuntamiento, mientras continúan las revisiones al borrador y el debate entre funcionarios, propietarios y defensores de inquilinos.

Aunque el Ayuntamiento volvió a posponerla en diciembre de 2025 con la idea de afinar el texto, a finales del tercer trimestre de 2026 todavía no se había fijado la reunión conjunta de comités que debe servir como paso previo para devolverla al pleno del concejo municipal. 

Una vez celebrada esa revisión, la expectativa es colocarla en la agenda del Ayuntamiento dentro de 30 días, pero esa reunión aún no tenía fecha programada, según el calendario que publica el gobierno municipal. 

Lo más reciente ha sido la organización de foros comunitarios para recibir comentarios de residentes y propietarios sobre el texto, organizados por las concejalas Tiffany Thomas y Martha Castex-Tatum, en un intento por recoger observaciones antes de que la propuesta vuelva a avanzar. 

La iniciativa nació de un esfuerzo que la concejal Letitia Plummer venía impulsando desde hace varios años (2021) para crear una herramienta más clara de vigilancia sobre complejos con condiciones peligrosas. En mayo de 2025, la propuesta original planteaba clasificar como “estructuras de alquiler de alto riesgo” a los complejos con 10 o más quejas o citaciones de habitabilidad en un año. 

Esa versión incluía inspecciones obligatorias, capacitación para propietarios, apoyo a inquilinos, una base de datos pública y sanciones administrativas. 

Con el tiempo, el texto cambió. El borrador que llegó después al proceso formal estableció que un complejo multifamiliar podría ser designado como de alto riesgo si, en un periodo continuo de seis meses, figuraba entre los cinco con más quejas al 311 por condiciones que afecten la salud o la seguridad de los residentes y, además, si acumulaba 10 o más citaciones verificadas que perjudiquen la salud o la seguridad de los inquilinos. 

Si eso ocurre, el propietario o administrador tendría que registrarse en el programa durante seis meses y someterse a supervisión adicional.

El borrador también crea un comité de cumplimiento con representantes de varias dependencias, entre ellas el Departamento de Policía de Houston, el Departamento de Obras Públicas, el Departamento de Bomberos, el Departamento de Salud, Vivienda y Desarrollo Comunitario, además de un propietario y un inquilino. 

Según el texto, ese grupo tendría la tarea de coordinar la respuesta de la ciudad ante complejos habitacionales subestándar o peligrosos.

CASTIGOS EJEMPLARES

La ordenanza gira en torno a problemas de habitabilidad que pueden incluir riesgos eléctricos, fallas estructurales, problemas de plomería, ausencia de avisos obligatorios, deficiencias de seguridad y otras condiciones que afecten la salud o la seguridad dentro del complejo. El borrador también dispone que en los edificios se coloque un aviso en inglés y español para informar a los residentes que pueden reportar condiciones peligrosas al 311.

La propuesta contempla castigos económicos para quienes no corrijan las violaciones. El texto establece que un propietario que permanezca en incumplimiento más allá del periodo de corrección podría enfrentar un delito menor con multas de entre 250 y 2,000 dólares, y cada día en que continúe la falta podría contarse como una infracción separada.

Plummer defendió la medida como una forma de intervenir antes de que ocurra algo peor. En la sesión de diciembre, dijo que la ordenanza “realmente le da a la ciudad la capacidad de intervenir antes de que ocurra una tragedia” y sostuvo que la propuesta protege a los inquilinos sin elevar las rentas. 

“Los propietarios ya aprendieron a moverse dentro del sistema y saben que, aunque acumulen todas estas citaciones, en realidad no habrá consecuencias. Esta ordenanza busca dar a la ciudad herramientas reales para hacerla cumplir”, criticó Plummer.

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Antes, en mayo, había descrito el plan como un “enfoque estratégico” para concentrar recursos en propiedades con patrones repetidos de problemas graves de habitabilidad. 

Pero la resistencia dentro y fuera del Ayuntamiento frenó el avance. En noviembre, el Concejo decidió no llevar el asunto a votación. 

El alcalde John Whitmire advirtió entonces que el Ayuntamiento estaba “en la línea final con un producto inconcluso”, mientras que otros funcionarios señalaron problemas de aplicación y la falta de un proceso formal de apelación para los propietarios.

En diciembre, la administración y varios integrantes del cabildo insistieron en que todavía hacía falta más retroalimentación pública. 

Julia Orduña, de Texas Housers, criticó que la ciudad se concentra solo en cinco propiedades mientras miles de familias podrían seguir expuestas a malas condiciones. 

Por otro lado, la Asociación de Apartamentos de Houston dijo apoyar la idea general, pero pidió una ordenanza “justa, efectiva y aplicable”, con reglas más claras y proporcionales para complejos de distintos tamaños. 

Por ahora, en Houston, donde unas 427,000 viviendas están ocupadas por inquilinos, lo que representa 54.6% del inventario habitacional ocupado de la ciudad, se sigue discutiendo cómo vigilar mejor los peores complejos habitacionales sin haber definido todavía cuándo volverá el asunto al pleno del Ayuntamiento. 

Los inquilinos pueden seguir llamando al 311 (o escribir al 311@houstontx.gov) cuando necesiten una inspección.