Opinión: ¿Son los pacientes indocumentados realmente una carga fiscal para Texas?

Los datos recientemente publicados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas revelan que los hospitales estatales gastaron 121.8 millones de dólares en atención a pacientes indocumentados o, como ellos lo llaman, aquellos que se encuentran sin estancia legal en el país, en solo un mes (noviembre de 2024).

Estas cifras, que fueron entregadas al gobernador de Texas, Greg Abbott, buscan “responsabilizar” a la administración pasada por su presunta política migratoria fallida y exigir el reembolso federal de estos costos.

Sin embargo, no hace falta ser un erudito para darse cuenta de que, tras un análisis crítico, el escueto informe revela importantes omisiones que ponen en duda su objetividad y utilidad práctica.

El documento, de apenas diez frases, no ofrece ninguna comparación con los costos que representan los ciudadanos estadounidenses sin seguro médico que utilizaron el sistema hospitalario en el mismo período.

¿Por qué es importante la comparación? Bueno, la idea del gobierno de omitir ese dato es continuar con su retórica de que los indocumentados son una carga fiscal.

Texas, recordemos, tiene la tasa más alta de personas sin seguro en todo el país: aproximadamente 4.8 millones de residentes (19% de los menores de 65 años) carecían de cobertura sanitaria en 2023, mientras que la población indocumentada ronda en los 1.7 millones.

El informe no aclara si estos costos de los pacientes irregulares que usaron el sistema de salud han sido o serán recuperados posteriormente por los centros hospitalarios. De hecho, aproximadamente una quinta parte de los gastos reportados —más de 25 millones de dólares— corresponden a tratamientos de urgencias e ingresos de pacientes inscritos en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños, lo que sugiere que existe cierto nivel de reembolso no contemplado en las cifras publicadas.

Los expertos sanitarios advierten que este tipo de informes parciales pueden crear una imagen distorsionada. Lynn Cowles, de la organización Every Texan, señaló en un medio acertadamente que los 121.8 millones de dólares representan “una gota en el océano” comparados con los costos no compensados de todos los ciudadanos texanos sin seguro.

Según la Asociación de Hospitales de Texas, los centros sanitarios gastan anualmente 3,100 millones de dólares en atención que no es reembolsada, principalmente debido a que uno de cada seis residentes en el estado carece de seguro médico.

Además, existe preocupación sobre el efecto disuasorio que estas políticas pueden tener en la población indocumentada, que por miedo a la deportación podría evitar buscar atención médica necesaria, lo que a su vez compromete la salud pública general y potencialmente aumenta los costos sanitarios a largo plazo.

La ley federal exige que los hospitales proporcionen tratamiento médico de emergencia a todos los pacientes, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio. Para muchos inmigrantes indocumentados, este tratamiento está cubierto por Medicaid de emergencia, siempre que cumplan con otros criterios de elegibilidad, como los requisitos de residencia.

En lugar de enfocarse en cifras aisladas con fines políticos, sería más productivo realizar un estudio integral sobre la atención no compensada en Texas, especialmente en áreas rurales donde las tasas de personas sin seguro son significativamente más altas.

Solo con datos completos y contextualizados se puede desarrollar políticas sanitarias efectivas que beneficien a todos los residentes de Texas, independientemente de su estatus migratorio.