“No sabemos qué va a pasar”: Víctimas de fraude migratorio se encuentran abandonados a su suerte y temen ser deportados
Los inmigrantes que fueron víctimas de estafa por un abogado señalan que no fueron notificados de la sentencia que recibió el letrado.

Por Rommel H. Ojeda
Cuando L. visitó la oficina legal de Kofi Amankwaa en 2022, pensó que su sueño, que llevaba más de dos décadas esperando, de obtener un estatus migratorio legal finalmente se haría realidad. Amankwaa, un abogado de inmigración en el Bronx conocido en la comunidad mexicana, le aseguró durante la reunión que su hijo, quien tenía 24 años en ese entonces, podía peticionar un estatus legal para ella porque él es ciudadano estadounidense.
“Sentí mucha alegría de por fin encontrar a alguien que me podía ayudar, y poder ir a ver a mi mamá después de 27 años de no poder abrazarla”, dijo L.,de 49 años.
Recuerda haber salido de su oficina aliviada, pensando que su camino hacia la estabilidad por fin había comenzado. Pero su esperanza empezó a desmoronarse en el verano de 2023, cuando se enteró por las noticias de que Amankwaa había sido acusado de fraude.
Desde entonces, L., quien pidió a Documented no revelar su nombre completo debido a la sensibilidad de su caso, ha vivido con ataques de pánico y ansiedad severa, no solo por la incertidumbre sobre su estatus migratorio, sino también por la traición de un abogado en quien, como muchas otras personas, había confiado.
En febrero de 2025, la Oficina del Fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur sentenció a Kofi Amankwaa a 70 meses de prisión por ejecutar un esquema de fraude durante años, presentando solicitudes migratorias falsas bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).
Esta ley, aprobada por primera vez en 1994, permite a ciertos inmigrantes víctimas de violencia doméstica, agresión sexual o abuso por parte de un ciudadano estadounidense o residente legal permanente, presentar una solicitud migratoria sin la participación del abusador.
Amankwaa engañó a cientos de inmigrantes, en su mayoría mexicanos, diciéndoles que sus hijos ciudadanos estadounidenses podían hacerles una petición familiar. En realidad, sin que los clientes lo supieran, él presentaba solicitudes bajo VAWA y los instruía a firmar declaraciones falsas de abuso por parte de familiares ciudadanos.
Entre los años fiscales 2017 y 2023, Amankwaa presentó aproximadamente 2,346 formularios I-360 bajo VAWA que fueron retirados, abandonados o denegados. Su oficina fue responsable del 47% de todas las solicitudes VAWA retiradas a nivel nacional.
Desde febrero de 2024, cuando las oficinas de Amankwaa cerro, L. ha consultado a unos 20 abogados de inmigración sobre sus opciones. Algunos le dijeron que no podían tomar su caso; otros le pidieron un depósito de 5,000 dólares para representarla si su caso era llevado ante un juez de inmigración.
Otros inmigrantes atrapados en el esquema también dijeron a Documented que se han quedado sin orientación legal ni recursos. Algunos enfrentan órdenes de deportación y otros están considerando regresar a sus países voluntariamente.
Con el aumento de detenciones y el enfoque en fraudes migratorios bajo la administración Trump, muchas de las víctimas de Kofi sienten que fueron utilizadas por el sistema judicial para condenarlo, solo para luego ser abandonadas.

“Solo se enfocaron en lo que Kofi hizo. Pero por qué no al menos hicieron algo para que nosotros nos pudiéramos defender?”, dijo L. Añadió que forma parte de un grupo de WhatsApp con otras víctimas de Amankwaa, quienes han compartido que recibieron audiencias y hasta órdenes de deportación. “Lo peor es que pasas treinta años aquí y por culpa de otro te deportan. ¿Por qué no protegieron a todas las víctimas?”
L. explicó que Amankwaa, sin su conocimiento, presentó una solicitud bajo VAWA que fue aprobada. Después, él presentó su solicitud de ajuste de estatus, Formulario I-485, que permite a solicitantes aprobados bajo VAWA solicitar la residencia legal permanente.
“He visto que mi caso en USCIS ha sido transferido a tres oficiales distintos este año. Tengo miedo porque la última notificación que supuestamente enviaron, no tengo acceso a ella. No sé qué está pasando con mi caso”, dijo.
Su hijo, ahora de 27 años, tiene una condición del desarrollo que limita su funcionamiento fue incluido en la solicitud de VAWA. Ella explicó que nunca lo habría nombrado si hubiera sabido que eso implicaba acusarlo de violencia.
En los últimos meses, dijo haber sufrido tres ataques de pánico y está viendo a un médico para manejar su estrés. Cuando sus hijos le preguntan por qué está preocupada, no les dice la verdad.
No quiere preocupar aún más a su hijo y a su hija de 13 años, especialmente porque su esposo fue deportado en julio del año pasado por motivos no relacionados con Amankwaa.“Nomás quedo yo como la cabeza de la familia”, dijo. “Me siento mal al pensar que ya vivieron la deportación con su papá y ahora podrían pasar por lo mismo conmigo”.
Como Documented reportó, una vez que se deniega una solicitud VAWA, las autoridades migratorias pueden emitir Notificaciones de Comparecencia (NTA, por sus siglas en inglés), que obligan a la persona a presentarse ante un juez para pelear su deportación.
L. señaló que las detenciones en cortes, a veces con uso de fuerza por parte de ICE, y la reciente ofensiva contra casos fraudulentos han aumentado su pánico.
Según un comunicado del 30 de septiembre, la operación más reciente de USCIS, llamada “Operation Twin Shield”, encontró evidencia de fraude o preocupaciones de seguridad nacional en 275 casos. “USCIS declara una guerra total contra el fraude migratorio”, dijo el director Joseph B. Edlow en el comunicado. “Perseguiremos sin descanso a todos los que socavan la integridad de nuestro sistema migratorio”.
Sin asistencia legal, L. dice que no puede dejar de pensar en agentes migratorios llegando a su casa o citándola a corte. “A veces me deprimo mucho pensando en lo que podría pasar. No quiero salir o solo salgo si es urgente”.
De manera similar, E. C. O., quien también tiene una solicitud de ajuste de estatus pendiente debido a una petición VAWA tramitada por Amankwaa, dijo que ha considerado auto-deportarse a México, de donde emigró hace 35 años— aunque eso implique no poder regresar a EE .UU. por 10 años.
“Yo les digo a mis hijos que puedo volver, pero ellos me dicen que han pasado muchos años y nunca nos hemos separado. Aunque me puedan visitar en vacaciones, igual son muchos años,” dijo E. C. O., quien pidió ser identificada solo por sus iniciales por motivos de privacidad.
Dijo que su hijo incluido en la solicitud tiene 27 años, y también tiene otros dos hijos de 15 y 11 años. En marzo, dejó que venciera su permiso de trabajo (EDA, por sus siglas en inglés) porque los fiscales y abogados le recomendaron no usarlo para no perpetuar el fraude. Sin permiso, ha tenido que abandonar un curso de asistente de salud en el hogar que había comenzado un año atrás.
“Yo tengo miedo y la verdad me la paso aquí en la casa. Cocino para mis hijos, ellos compran todo. Les mandó a comprar y trato de salir lo menos posible a la calle por el miedo”, dijo E. C. O., de 49 años. “Si me deportan, nunca voy a tener la oportunidad de volver. Y eso sin haber cometido fraude, todo por confiar en un abogado”.
Su esposo también tiene una petición VAWA tramitada por Amankwaa.
‘NI SIQUIERA UNA ACTUALIZACIÓN’
En el acuerdo de culpabilidad, Amankwaa acordó pagar $16.503,425 en restitución a sus víctimas. Sin embargo, una de ellas, Pérez, de 25 años, dijo a Documented que no ha recibido ninguna notificación del gobierno federal, que presentó la demanda contra él.
“Solo estábamos esperando, porque entiendo que estas cosas tardan, pero ni siquiera como un correo diciendo ‘estamos trabajando en esto’, al menos una actualización,” dijo Pérez, quien pidió usar solo su apellido.
Pérez forma parte de un grupo de WhatsApp con 30 víctimas más, quienes también han compartido con ella que no han recibido compensación ni orientación para continuar con sus casos migratorios.
El comunicado de sentencia incluyó un correo electrónico para que las víctimas soliciten la restitución. L. dijo que nunca recibió respuesta.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no respondió a la solicitud de Documented sobre los esfuerzos de contacto con las víctimas después de la sentencia, los recursos disponibles ni cuántas personas han recibido restitución.
Pero más allá de la compensación, Pérez dice que quiere que su nombre sea eliminado de los archivos enviados a inmigración y que su madre, quien recibió una orden de deportación tras ser rechazada su solicitud VAWA, reciba algún tipo de alivio.
“Creo que muchas de nosotras nos sentimos frustradas porque pensamos que al menos nuestros padres recibirían una Visa U, o que las personas deportadas podrían regresar y obtener algún tipo de amnistía”, dijo.
“Generalmente, ser víctima de fraude no califica para una Visa U”, explicó la abogada de inmigración Camille Mackler. Dijo que las agencias migratorias no consideran el fraude como excusa válida y responsabilizan a quienes firmaron la petición.
“Es posible que el oficial que revise el caso considere seriamente el patrón de fraude de Amankwaa, pero no es algo garantizado. Y con esta administración, honestamente no sé qué pasará”, agregó.
Mackler señaló que cuando una persona recibe una orden de deportación, puede apelar dentro de los 30 días.
Pérez está preocupada por su madre, quien es vendedora ambulante, porque su información ya está en el sistema y teme que sea objetivo bajo el plan de deportaciones masivas de Trump. “Ahora tienen que esconderse más y no sabemos qué quiere hacer esta administración. ¿Y si hay una orden de arresto para mi mamá?”
Agregó que ha visto a otras personas en el grupo expresar preocupaciones similares, especialmente quienes ya recibieron citaciones para comparecer ante la corte.
L. y E. C. O. también temen recibir una notificación de comparecencia en cualquier momento, citando reportes de inmigrantes detenidos tras asistir a sus audiencias.
“Amankwaa nos dejó en circunstancias horribles, porque ahora no sabemos qué va a pasar,” dijo L., y señaló a la fiscalía como parcialmente responsable. “Ellos lo sentenciaron, le quitaron su licencia y todo, pero no nos dejaron con nada para protegernos”.
Este reportaje salió publicado originalmente en Documented

