¿Por qué los dos fallos del Supremo fortalecen la ofensiva migratoria de Trump?
Uno de esos fallos pone en riesgo a cerca de 1.3 millones de personas de 17 países que cuentan con un estatus de protección temporal.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema de Estados Unidos dio la semana pasada dos victorias de peso al Gobierno del presidente Donald Trump, al permitirle avanzar con políticas migratorias restrictivas antes de un fallo clave sobre el futuro de su decreto para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento.
Ambas decisiones siguieron la división ideológica del alto tribunal: los seis magistrados conservadores votaron a favor y las tres juezas liberales expresaron su disenso.
MILES EN PELIGRO DE DEPORTACIÓN
La Corte Suprema autorizó al Gobierno republicano a poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para unos 350,000 haitianos y 6,100 sirios. Con esa decisión, esas personas quedan expuestas a la deportación.
El fallo también pone en riesgo a cerca de 1.3 millones de personas de 17 países que tenían ese estatus cuando Trump volvió al poder.
La opinión mayoritaria sostuvo que la ley que regula el TPS, creado en 1990 para ofrecer refugio temporal a personas que no pueden regresar con seguridad a sus países, impide que los jueces revisen las decisiones del Gobierno sobre estas protecciones.
Ante los reclamos de los demandantes haitianos por los numerosos comentarios despectivos de Trump, quien durante la campaña presidencial llegó a acusar sin pruebas a estos inmigrantes de comer mascotas en un pueblo de Ohio, los jueces conservadores afirmaron que “ninguna de las expresiones es abiertamente racial”.
“Esta decisión pondrá en peligro a los haitianos beneficiarios del TPS que huyeron de su tierra natal en busca de aquello que generaciones de inmigrantes anhelaban al tomar la dolorosa decisión de dejar atrás todo lo que conocían: vivir seguros”, afirmó el equipo legal de estos ciudadanos tras conocerse el dictamen.
Los abogados advirtieron que el fallo “provocará la muerte violenta e innecesaria de miles de personas inocentes”.

REVÉS PARA INMIGRANTES QUE BUSCAN ASILO
La mayoría del tribunal también permitió que el Gobierno rechace a solicitantes de asilo en la frontera con México. La decisión avala la reactivación de una polémica política destinada a reducir el número de migrantes que las autoridades estadounidenses deben procesar para determinar si tienen derecho a pedir refugio en Estados Unidos.
El punto central del caso era si los ciudadanos no estadounidenses deben cruzar por completo la frontera para obtener el derecho a solicitar asilo, o si basta con presentarse en los cruces fronterizos.
Los magistrados se concentraron en definir qué significa “llegar” al territorio estadounidense. La mayoría conservadora sostuvo que los migrantes que se encuentran en México no “llegan” por el solo hecho de “intentar, sin éxito, entrar en este país”.
“Las consecuencias de la decisión son predecibles: más personas morirán”, escribió en su disenso la jueza liberal Sonia Sotomayor.

EN JUEGO, LAS PROTECCIONES CONSTITUCIONALES
La Corte Suprema se prepara para emitir más decisiones esta semana, antes de su receso de verano, que podría comenzar a fines de junio o principios de julio.
Entre los casos pendientes destaca un fallo clave sobre la constitucionalidad de una polémica orden con la que Trump busca negar la ciudadanía por derecho de nacimiento, consagrada en la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, a hijos de padres indocumentados o con visas temporales.
Se trata de un asunto de gran importancia para el presidente. Durante los argumentos del caso, Trump hizo historia al convertirse en el primer mandatario en ejercicio que asiste a una audiencia en la Corte Suprema.
En esa audiencia, el alto tribunal pareció escéptico ante la postura del Gobierno. El presidente de la Corte, el conservador centrista John Roberts, señaló que, aunque los tiempos hayan cambiado, la “Constitución sigue siendo la misma”.
Activistas advierten que un dictamen a favor del Gobierno sentaría un precedente peligroso para la protección de derechos constitucionales.
Con información de EFE

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