“Ella no necesitaba esposas, necesitaba ayuda”: la historia de una madre con esquizofrenia que enfrenta la deportación

“Ella no es una criminal, es una buena madre. Nunca tuvo problemas con nadie. Lo único que necesitaba era su medicina”, cuenta Luis Medrano, cuya voz parece apagarse frente a las pocas cámaras de los medios que asistieron a la conferencia de prensa en la sede de la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL) el pasado viernes. 

Medrano confiesa que no ha dormido bien desde el día en que la patrulla se llevó a su esposa quien, según cuenta, sufre de esquizofrenia. Por eso, cada vez que ella tenía una crisis, su única preocupación ha sido mantenerla a salvo como ese día que intentó llevarla al hospital. 

Su esposa, Reyna González, fue detenida el 1 de julio, primero por la policía y luego por las autoridades migratorias. El día de su detención no quería ingresar al centro médico. Tenía miedo.  

“Se rehusó y se fue al estacionamiento”, dice Medrano. Entonces, según su recuento, una enfermera le sugirió llamar a la policía para que la ayudaran a trasladarla de nuevo al hospital, igual que el año pasado, en diciembre, cuando los agentes colaboraron y su esposa pudo recibir atención.

Pero esta vez la historia fue distinta.

Medrano recuerda que esperó más de una hora. La patrulla nunca llegó. Volvieron a casa, agotados. Minutos después, la enfermera llamó otra vez y les pidió insistir. Cuando finalmente los oficiales tocaron la puerta de su caso, no hubo diálogo que los hiciera cambiar de parecer. 

—“Le pusieron las esposas. Yo traté de explicarles que ella necesitaba ir al hospital, no a la cárcel. Pero el policía me respondió con prepotencia: ‘no, ella va para la cárcel’”. 

La acusación preliminar fue por presunta violencia doméstica. 

González, de 47 años, pasó cinco semanas sin sus medicamentos, bajo supervisión carcelaria en el condado Harris y una fianza de $5,000. Según Medrano, que trabaja en la rama de la construcción, tuvo que gastar todos sus ahorros para pagar los honorarios de un abogado que lograra retirarle los cargos. 

Y lo consiguió, como consta en los registros judiciales. 

Pero antes de que González pudiera regresar a casa, los agentes de inmigración la trasladaron a un centro de detención en el condado Montgomery, al norte de Houston. 

“Pensamos que ya iba a salir. Y entonces llegó ICE (Oficina de Inmigración y Aduanas en inglés)”, sostiene Medrano, quien acusa a esa dependencia de negarle la entrega de las medicinas a su esposa.

“Nos dicen que está bien, que está coherente, pero no es verdad. Yo hablo con ella casi a diario. En las mañanas suena un poco normal, pero en las tardes cambia mucho. Se pone ansiosa, confusa, triste. Siente que la abandonamos”, lamenta. 

Medrano mostró en la conferencia de prensa los documentos médicos que, al parecer, confirman los diagnósticos: esquizofrenia, bipolaridad y ansiedad. 

A su lado, uno de sus cuatro hijos, Kevin, de 19, toma la palabra en inglés. Dice que la extraña, que la casa se siente vacía, que todos están preocupados. 

“Nos afecta a todos”, repite. Luego se queda callado, pide perdón por no poder hablar más. Hay un silencio largo.

El caso de esta madre no es aislado. Según FIEL, cada vez más familias inmigrantes temen pedir ayuda en medio de una crisis por miedo a que una llamada al 911 termine en deportación. La organización denunció que las fallas en el entrenamiento de los agentes y la colaboración entre departamentos locales e inmigración están dejando a la comunidad más vulnerable “sin protección y sin tratamiento médico”.

“Llamaron a la policía para ayudarla, no para arrestarla. Reyna no necesitaba esposas, necesitaba atención médica”, comentó Aura Espinosa, Directora Legal de FIEL.  

Comentó que, en diciembre pasado, cuando González sufrió otro episodio, la policía actuó de forma distinta: la escoltó hasta una clínica y permitió que recibiera ayuda. 

Por su parte, Abraham Espinosa, Director de Protección Comunitaria con FIEL, pidió al Departamento de Policía de Houston, cuyos agentes detuvieron en primera instancia a González, que entrene al personal policiaco para que no ocurran eventos como este y proteja a la población inmigrante. 

“Sabemos que el Gobierno federal está tratando de utilizar a los departamentos de policía locales para aterrorizar a nuestra comunidad, que ahora le tiene miedo a la policía. Ninguno de nosotros está a salvo, entonces esto tiene que cambiar”, agregó. 

Pero Medrano solo quiere a su esposa de vuelta. “Es una buena madre”, sostiene y culmina: “Si la deportan a Veracruz (México), no va a haber nadie que la pueda atender allá. Créanme, esto está destruyendo a mi familia, estamos bien mal”.