Los niños y las familias a quienes represento están aterrados, protegerlos no es un asunto político sino humano

A las 6:00 a.m., ya hay personas en fila afuera de nuestra oficina, su miedo y ansiedad son palpables. Así es trabajar hoy en una organización sin fines de lucro que brinda servicios legales a inmigrantes de bajos recursos.

En uno de mis casos, la esposa ciudadana estadounidense de un cliente adulto cae en depresión. Él es el sustento económico de la familia y padre de sus cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, todos menores de 10 años. Viven con el temor constante de que él sea arrestado y deportado.

En otros casos, he visto a jóvenes clientes atravesar crisis de salud mental. A los traumas no resueltos que sufrieron en los países de donde huyeron, ahora se suma el hecho de enfrentar audiencias migratorias aceleradas. 

Durante casi 17 años, he representado a niños inmigrantes que huyen de daños inimaginables. Pero ahora los niños que represento ya no creen que el gobierno de Estados Unidos los protege: trabajamos con un número sin precedentes de menores detenidos dentro del país, separados de sus familias o cuidadores, y detenidos bajo custodia del gobierno.

Como abogada, he aprendido que cuando un niño ingresa a un sistema migratorio complejo y adverso, sus necesidades son claras: necesitan abogados con enfoque en traumas, servicios sociales integrales y cuidadores atentos. No son lujos; son salvavidas.

Bajo la administración de Donald Trump, estos pilares han sido atacados sin tregua. El actual gobierno ha despojado a los niños inmigrantes del sentido básico de seguridad que brinda la unidad familiar mediante medidas persistentes y específicas.

Oficiales armados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) patrullan las calles, se instalan en estacionamientos de tiendas y tocan puertas para inspeccionar los hogares de las familias. Los arrestos arbitrarios son el pan de cada día. Los niños y sus familias sufren una ansiedad insoportable al pensar que pueden ser los siguientes.

Cuando la amenaza se convierte en realidad, el daño psicológico es profundo. Mi equipo de abogados ha visto a niños con síntomas de trastorno de estrés postraumático, terrores nocturnos, depresión y retrasos en el desarrollo. Tanto los niños inmigrantes como los nacidos en Estados Unidos se ven afectados.

Según el Instituto de Políticas Migratorias, el 17% de los niños en Houston viven con al menos uno de sus padres que es inmigrante indocumentado. Esa cifra no incluye a los niños cuyos padres tienen algún tipo de estatus migratorio pero aún no cuentan con ciudadanía completa y temen ser deportados de manera repentina. Tampoco incluye a niños inmigrantes que están aquí sin ningún padre.

Las reglas del sistema migratorio cambian ahora a una velocidad alarmante. En marzo, la administración Trump lanzó un ataque integral contra los niños inmigrantes al eliminar sus recursos legales. En una sola semana, el gobierno suspendió de forma abrupta los fondos para abogados que representan a menores no acompañados y colocó a los niños en “calendarios acelerados”, donde desde bebés hasta preadolescentes debían presentarse solos ante un juez en un plazo sin precedentes.

Al mismo tiempo, los centros de detención federales para menores endurecieron los requisitos de liberación, lo que hizo casi imposible que los propios padres patrocinen la salida de sus hijos.

Hace unos días, los agentes de ICE vestidos de civil comenzaron a visitar las viviendas de niños no acompañados registrados en el sistema migratorio. Llegaban sin previo aviso, preguntaban por los menores por su nombre, exigían acceso a sus habitaciones y querían hablar con los adultos del hogar. Amenazaban a quienes ejercían su derecho legal de negarles la entrada.

Ahora, las familias temen a las mismas instituciones que deberían protegerlas. En Texas, los hospitales están obligados a preguntar y reportar el estatus migratorio de los pacientes. Aunque las tácticas de ICE aún no han llegado a los hospitales, el temor a lo desconocido ha obligado a los padres a elegir entre la salud de su hijo enfermo y el riesgo de deportación.

Los acontecimientos en los tribunales de inmigración son quizá lo más preocupante. Estos tribunales son la última línea de defensa para que un inmigrante sea escuchado conforme a la ley. ICE ha comenzado a arrestar a personas después de que se presentan a sus audiencias programadas.

Contrario a la retórica del gobierno, ICE arresta a personas sin historial criminal que están cumpliendo con los requisitos del sistema migratorio. Son padres, principales proveedores de ingreso y cuidadores. Muchos han sido admitidos en el país para solicitar protección a través del sistema judicial migratorio.

Sin explicación alguna, el gobierno está cerrando sus casos de forma anticipada. Una vez cerrado el caso, agentes de ICE los esperan fuera de la sala del tribunal para detenerlos. Hemos visto a esposas, hermanas e hijos rezar fuera de la corte, no por un fallo favorable, sino por salir del edificio juntos.

Las personas que intentan cumplir la ley y obtener estatus legal en Estados Unidos enfrentan una decisión imposible: presentarse a su audiencia y arriesgarse a la separación familiar, detención y deportación rápida si el gobierno cierra su caso; o no presentarse y recibir una orden de deportación.

Estas tácticas buscan silenciar, intimidar y confundir a los inmigrantes. Al despojar de forma abrupta a las personas de su derecho a ser escuchadas en la corte, el gobierno ha desmantelado el sistema de justicia migratoria.

Este enfoque de mano dura elimina el debido proceso. Hace que nuestro sistema migratorio sea menos eficiente, menos justo y menos humano. Somos testigos de la desestabilización sistemática de familias, el uso del miedo como arma y la militarización de nuestra comunidad.

A pesar de todo esto, encuentro una esperanza inmensa en la resistencia creciente. Abogados, maestros, doctores, trabajadores sociales, líderes electos y miembros de la comunidad alzan la voz en defensa de los niños y familias inmigrantes.

Nuestra voz colectiva ha logrado revertir parte del daño, como restaurar los fondos para la representación legal de menores y modificar los requisitos de patrocinio para que los niños puedan permanecer con sus familias mientras pelean sus casos, en lugar de permanecer bajo detención.

Estas victorias demuestran el poder innegable de la comunidad. Pero aún quedan muchas luchas por delante. Debemos abogar por los derechos de los inmigrantes y un sistema justo y equitativo. Debemos rechazar las políticas que aterrorizan a los niños, separan familias y deshumanizan a los inmigrantes.

Sobre todo, debemos reconocer que proteger a los niños inmigrantes no es un asunto político. Es un asunto humano. No podemos permitir que el miedo se convierta en política.

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Esta columna de opinión fue originalmente publicada en inglés y cedida en español por GHIRP. 

Elizabeth (Chiqui) Sanchez Kennedy es cofundadora y directora ejecutiva del Galveston-Houston Immigrant Representation Project (GHIRP), donde lidera un equipo de abogados que sirve a inmigrantes de bajos recursos. Ha representado a niños y familias inmigrantes por casi 17 años en organizaciones de Texas, Florida y Nueva York.