Un juez federal revocó esta semana una estricta política de asilo implementada por la administración del presidente Joe Biden, asestando un golpe a la estrategia fronteriza del gobierno que ha coincidido con una fuerte disminución de cruces irregulares en los últimos meses.
La norma, vigente desde el 12 de mayo, descalifica a la mayoría de solicitantes de asilo que hayan cruzado a Estados Unidos sin una cita en un puerto de entrada oficial o sin haber buscado protección en otro país.
Grupos defensores de inmigrantes que demandaron al gobierno argumentaron que la política violaba las leyes estadounidenses y aumentaba la vulnerabilidad de los migrantes ante extorsiones y violencia durante largas esperas en ciudades fronterizas mexicanas.
Asimismo, señalaron que imitaba una norma de la era Trump para restringir el asilo que ya había sido bloqueada en 2019 por el mismo juez, Jon Tigar, del Tribunal de Distrito Norte de California.
El magistrado suspendió la orden por 14 días, accediendo a un pedido del gobierno Biden para apelar.
La administración Biden introdujo la norma de asilo en mayo, cuando levantó el Título 42, una medida de salud pública bajo la cual los cruces irregulares eran sometidos rápidamente a una expulsión inminente.
Desde entonces, el número de migrantes detenidos en la frontera sur se desplomó: en junio fueron arrestados menos de 100.000, la cifra más baja desde febrero de 2021.
Según reportó el diario The New York Times, el fallo judicial representa un revés para la estrategia fronteriza de Biden que ha coincidido con una fuerte caída de cruces ilegales en meses recientes.
Por su parte, la cadena CNN señaló que la Casa Blanca defendió la legalidad de la política de asilo ahora bloqueada e indicó que apelará la decisión judicial pues mantiene “serias preocupaciones”.
Algunos expertos citados por The Washington Post indicaron que la decisión judicial podría abrir las puertas para un incremento en los cruces ilegales, pero también destacaron que la apelación mantendrá vigente la política por ahora.
La nueva política de asilo fue introducida tras el fin del Título 42 con el propósito de ordenar el proceso migratorio, pero diversas voces alertaron sobre sus posibles contradicciones con las obligaciones de protección a solicitantes de asilo.
Con información de The New York Times, CNN y The Washington Post.
