El Gobierno de EEUU ocultó que deportados venezolanos carecían de historial criminal

La Administración Trump sabía que la mayoría de los 238 venezolanos deportados a una prisión de El Salvador no tenían antecedentes criminales en Estados Unidos antes de etiquetarlos como terroristas y expulsarlos en marzo de 2025, según datos internos del Departamento de Seguridad Nacional revelados por una investigación entre ProPublica, The Texas Tribune, y los medios venezolanos Alianza Rebelde Investiga y Cazadores de Fake News.

Los datos gubernamentales obtenidos por los periodistas muestran que solo 32 de los deportados tenían condenas por delitos cometidos en suelo estadounidenses siendo la mayoría delitos no violentos como hurto o infracciones de tránsito.

Únicamente seis personas fueron condenadas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por delitos de armas.

Más de la mitad de los deportados (130 personas) no tenían condenas criminales ni cargos pendientes, siendo clasificados únicamente por violaciones a las leyes de inmigración. Otros 67 tenían cargos pendientes, aunque la investigación encontró que muchos involucraban delitos menores.

CONTEXTO DE LAS DEPORTACIONES

El 15 de marzo, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y declara que la pandilla Tren de Aragua había “invadido” Estados Unidos con ayuda del gobierno venezolano. La administración designó al grupo como organización terrorista extranjera, al alegar que le daba autoridad presidencial para expulsar a sus miembros.

El presidente Trump y sus funcionarios habían calificado públicamente a los venezolanos como “violadores”, “salvajes” y “monstruos”. Cuando los medios de comunicación cuestionaron estas afirmaciones, el Gobierno insistió en que su evaluación se basaba en un proceso exhaustivo que incluía crímenes cometidos dentro y fuera de Estados Unidos.

HALLAZGOS DE LAS INVESTIGACIONES

Los periodistas realizaron una revisión caso por caso de todos los deportados venezolanos. Su análisis de registros judiciales y policiales de Estados Unidos y países latinoamericanos encontró evidencia de arrestos o condenas para solo 20 de las 238 personas. De estos, 11 involucraban crímenes violentos como robo a mano armada, agresión o asesinato.

Significativamente, ninguno de los nombres de los deportados apareció en listas de presuntos miembros de pandillas mantenidas por autoridades venezolanas o Interpol, que incluyen aproximadamente 1,400 nombres.

Entre los deportados se encuentra Leonardo José Colmenares Solórzano, de 31 años, ex entrenador de fútbol juvenil que dejó Venezuela en julio pasado por dificultades económicas. Según los datos gubernamentales, no tenía historial criminal, y su hermana Leidys Trejo Solórzano describió su expulsión como un “secuestro patrocinado por el gobierno estadounidense”.

Otro caso es el de Maikol Gabriel López Lizano, de 23 años, arrestado en Chicago por andar en bicicleta en la acera mientras bebía una cerveza, un delito menor.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió que “ProPublica debería avergonzarse de hacer el trabajo de criminales ilegales que son una amenaza”. La subsecretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, insistió sin proporcionar evidencia que los deportados eran “terroristas, abusadores de derechos humanos, miembros de pandillas”, argumentando que “simplemente no tienen antecedentes penales en Estados Unidos”.

Lee Gelernt, abogado principal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), calificó las deportaciones como una “violación flagrante de los principios más fundamentales del debido proceso”.

Las deportaciones han generado batallas legales sobre la autoridad presidencial para expulsar inmigrantes sin revisión judicial. Los deportados permanecen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador sin capacidad de comunicarse con familiares o abogados.

Un análisis de inteligencia estadounidense concluyó que Tren de Aragua no actuaba bajo dirección del gobierno venezolano de Nicolás Maduro, contradiciendo las alegaciones de la administración.

---

Con información del artículo original publicado en The Texas Tribune. Lee el artículo original en inglés.