Tribunal permite aplicar la ley SB4 en Texas. ¿Qué significa esto en la práctica?

Un tribunal federal de apelaciones levantó el bloqueo judicial que mantenía paralizada la ley SB4 en Texas, una norma que faculta a autoridades estatales para detener a personas sospechosas de estar en el país sin estatus legal y, en ciertos casos, ordenar su expulsión a México.

La decisión, emitida por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, se limita a un tema procesal: determinó que las organizaciones demandantes no tienen legitimidad para impugnar la ley en este caso. El fallo no aborda si la norma es o no constitucional.

SB4 fue aprobada por la Legislatura de Texas en 2023, pero permanecía suspendida tras una serie de demandas presentadas por organizaciones de derechos civiles y de apoyo a migrantes.

Entre los grupos que promovieron el litigio están la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el Texas Civil Rights Project, American Gateways y el Americas Immigrant Advocacy Center. Todos criticaron la decisión y advirtieron que continuarán la batalla legal.

“Esta decisión no altera lo que han concluido los tribunales inferiores que han analizado leyes similares: la SB4 es inconstitucional. Esta lucha está lejos de terminar”, señaló Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, en un comunicado.

Edna Yang, codirectora de American Gateways, calificó el fallo como “un revés, no la última palabra”, y aseguró que continuarán los esfuerzos para frenar la ley.

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IMPLICACIONES DE LA SB4

La ley convierte en delito estatal el ingreso irregular desde México, con penas que van desde hasta seis meses de cárcel, y pueden alcanzar hasta 20 años en casos de reincidencia.

Además, otorga a la policía la facultad de arrestar y detener a personas sospechosas de haber cometido esa falta, y permite a jueces locales ordenar su retorno a territorio mexicano.

Las organizaciones demandantes —junto con la ciudad de El Paso— sostienen que la ley invade facultades exclusivas del gobierno federal, que es el encargado de definir la política migratoria. También argumentan que la norma interfiere con el trabajo de las autoridades federales y podría impedir que personas migrantes soliciten asilo.

Advierten, además, que su aplicación podría derivar en prácticas discriminatorias contra comunidades latinas y otras minorías raciales.

También coincide con un endurecimiento de la política migratoria a nivel federal. Según un análisis del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, en el último año los arrestos de migrantes sin antecedentes penales aumentaron un 770 %, mientras que las detenciones en la vía pública crecieron más de un 1,000 %.

Hasta ahora, no está claro cuándo comenzará a aplicarse la ley.

Con información de EFE