“No es justicia”. Organizaciones piden revisión del acuerdo en caso Terrenos Houston

Varias organizaciones de derechos civiles y defensa del consumidor pidieron a un juez federal en Houston que no apruebe el acuerdo alcanzado entre el gobierno y los desarrolladores del proyecto inmobiliario Colony Ridge, al argumentar que el convenio no ofrece compensación directa a los compradores afectados por las prácticas denunciadas en la demanda.

En un documento presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, organizaciones como la Alianza Nacional de Vivienda Justa (NFHA, en inglés), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, en inglés). UnidosUS, el Centro Nacional de Leyes al Consumidor, y el Southern Poverty Law Center solicitaron al juez Alfred H. Bennett que rechace o revise el acuerdo antes de permitir el cierre del caso.

En su escrito, las organizaciones sostienen que el convenio no ofrece reparación suficiente a quienes compraron terrenos bajo el sistema de financiamiento del desarrollo y posteriormente enfrentaron dificultades para pagar o perdieron sus propiedades.

“El acuerdo no proporciona alivio económico a muchos de los consumidores perjudicados”, argumentan las organizaciones en su presentación ante el tribunal.

El caso, presentado en 2023 por el Gobierno federal y el estado de Texas, acusa a los desarrolladores de Colony Ridge de aplicar prácticas de financiamiento abusivas y discriminatorias en la venta de terrenos en el condado Liberty, al noreste de Houston, un desarrollo que ha crecido rápidamente en los últimos años y donde residen miles de familias.

Según la demanda, los desarrolladores promovieron la compra de lotes principalmente entre consumidores hispanohablantes y ofrecieron financiamiento interno con tasas de interés considerablemente más altas que las del mercado.

Las organizaciones que cuestionan el acuerdo señalan que el convenio tampoco revertiría muchas de las ejecuciones hipotecarias que ya ocurrieron ni modificaría contratos previos que, según los demandantes, fueron firmados bajo condiciones problemáticas.

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Otro punto que critican es una cláusula del acuerdo que destinaría 20 millones de dólares para fortalecer la presencia de las fuerzas del orden en Liberty County.

Los grupos argumentan que esa disposición no está relacionada con las acusaciones originales del caso, que se centraban en presuntas violaciones a las leyes federales de vivienda y protección al consumidor.

“En lugar de proporcionar reparación individual a las víctimas del esquema predatorio de los demandados, el acuerdo parece destinado a someterlas a una mayor vigilancia y, para algunas, podría exponerlas a posible detención, separación familiar o incluso deportación”, señala el escrito.

“Un acuerdo que envía millones a otros destinos mientras las familias que fueron objeto de estas prácticas no reciben nada no es justicia”, enfatizó Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, en la misiva.

“Si nuestras comunidades son explotadas deliberadamente mediante prácticas de vivienda engañosas y discriminatorias, entonces la solución debe incluir reparación directa para quienes fueron perjudicados y una verdadera rendición de cuentas para los responsables”, agregó. 

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LA RESPUESTA DEL GOBIERNO

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal General de Texas defendieron el acuerdo en una carta enviada al tribunal el 5 de marzo, un día antes de la audiencia pactada en la sala del juez federal Alfred H. Bennett.

En ese documento, los fiscales argumentan que el convenio representa una resolución amplia que obligará a los desarrolladores a implementar reformas significativas en la forma en que venden y financian los terrenos.

“El acuerdo contiene reformas sustanciales en las prácticas de préstamos, ventas, mercadeo y divulgación de información”, señalaron los representantes del gobierno en su comunicación al juez.

Según el Gobierno, el convenio obligará a la empresa a establecer nuevos estándares para evaluar la capacidad de pago de los compradores, adoptar políticas para reducir ejecuciones hipotecarias y proporcionar información más clara sobre los términos de los préstamos y las características de los terrenos.

La carta también indica que el acuerdo incluye $48 millones en mejoras de infraestructura, de los cuales 18 millones se destinarán a mitigar problemas de inundaciones dentro del desarrollo.

Además, el convenio contempla la inversión de $20 millones en seguridad pública, que podrían utilizarse para financiar una subestación policial, equipamiento para agentes o la contratación de más personal para las autoridades locales.

Los fiscales sostienen que esa medida responde al crecimiento acelerado del desarrollo y a la necesidad de reforzar los servicios públicos en una comunidad que ha experimentado una rápida expansión en los últimos años.

Para María Acevedo, activista y expropietaria de un lote en Colony Ridge, los argumentos del Departamento de Justicia como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y la Fiscalía General de Texas, no son válidos “ya que la demanda inicial se inició con el objetivo de buscar justicia para las personas que resultaron perjudicadas”.

“Ahora sostienen que ‘nadie acordó incluir restitución’, sin embargo, los documentos presentados ante el tribunal indican lo contrario”, sostuvo Acevedo a La Esquina TX. 

“El acuerdo negociado eliminó la restitución para las víctimas y la sustituyó por otros tipos de gasto y contempla cero compensación para las víctimas”, agregó.

AUSENTES EN LA AUDIENCIA DEL 6 DE MARZO

La discusión sobre el acuerdo llegó a la corte federal de Houston durante una audiencia pactada el viernes 6 de marzo. Durante la sesión, la abogada del Departamento de Justicia Varda Hussain, de la División de Derechos Civiles, participó por vía telefónica. 

Bennet le indicó que en una próxima audiencia —cuya fecha aún no ha sido fijada— deberá presentarse físicamente en la corte.

“Para ser franco, quería dirigirme de manera directa y mirar a los abogados a los ojos”, enfatizó el magistrado, que no tomó una decisión inmediata sobre el acuerdo, ya que continúa en revisión los argumentos presentados tanto por el Gobierno como por las organizaciones que buscan impugnar el convenio.

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SERIE: TERRENOS HOUSTON, EL SUEÑO AMERICANO EMBARGADO

Para conocer más a fondo el tema, La Esquina TX publicó una serie de reportajes en donde se documentan testimonios de compradores, el funcionamiento de las subastas de terrenos recuperados tras ejecuciones hipotecarias y el modelo de financiamiento interno utilizado por la empresa inmobiliaria. 

La investigación periodística también examinó cómo el crecimiento acelerado del proyecto ha tenido impacto en comunidades del condado Liberty y ha generado cuestionamientos sobre las condiciones en las que se vendieron miles de lotes a compradores de bajos ingresos.

La decisión del juez sobre el acuerdo podría determinar el rumbo final del caso y sus implicaciones para los compradores afectados.

Lee la serie de tres partes: