Investigaciones contradicen el vínculo entre inmigración y fraude a la asistencia social en EE. UU.
Un análisis basado en cifras oficiales de Estados Unidos indica que los ciudadanos concentran la mayor parte de las pérdidas por fraude a los programas sociales, pese a discursos políticos que asocian a los inmigrantes con el abuso del sistema de bienestar.
El Instituto Cato expuso en un reporte que ciudadanos estadounidenses son responsables del 95 % de las pérdidas por 5,500 millones de dólares por fraudes a programas sociales de 2013 a 2024, mientras que los no ciudadanos representan el 4.6 %.
Además, los inmigrantes defraudaron un 31 % menos que los ciudadanos estadounidenses, agregó el informe con base en datos de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos.
“El fraude de estos beneficios no es una justificación convincente para amplias restricciones en la inmigración. El beneficio económico primario de la inmigración para los estadounidenses son los bienes y servicios que producen”, escribió el autor del reporte, David J. Bier.
Aunque los no ciudadanos sí participan en casos de fraude, su impacto resulta marginal dentro del total. El estudio del Instituto Cato sostiene que estos datos también ofrecen indicios sobre el comportamiento de los ciudadanos naturalizados, quienes registran tasas más bajas de criminalidad, condenas y encarcelamiento, ya que los requisitos estrictos del proceso de naturalización excluye a los no ciudadanos con delitos graves.
El autor del estudio señala que estos resultados contradicen la percepción común de que los no ciudadanos deberían aparecer sobrerrepresentados en el fraude a beneficios, pese a que enfrentan mayores restricciones de acceso a la asistencia pública. A su juicio, el fraude a la asistencia social no constituye una justificación sólida para imponer restricciones migratorias amplias.
“Desafortunadamente, este Congreso decidió gastar miles de millones de dólares en julio en un programa caótico e indiscriminado de deportaciones masivas que incrementará el déficit en lugar de invertir en mejores sistemas e investigaciones para controlar el fraude a los beneficios”, argumentó Bier.
El informe de Cato se publicó días después de uno de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), que encontró que la detención de inmigrantes latinos sin récord criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Trump, en enero de 2025.
Con información de EFE y el Instituto Cato
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