“Vienen a buscar a una persona y se llevan a otras”. El desconcierto frente a amenazas infundadas en Terrenos Houston

Este reportaje fue realizado con el apoyo de Altavoz Lab, una organización dedicada a fortalecer y visibilizar el trabajo de periodistas comunitarios.

Es un domingo caluroso en el noreste del área metropolitana de Houston. Desde la calle, el letrero de la fachada anuncia Jesucristo La Roca. Los fieles llegan en auto o a pie: niños, madres, padres, abuelos. Algunos cargan Biblias; otros, el peso de la incertidumbre migratoria. Desde el interior, se escuchan cantos de alabanza acompañados por una batería, una guitarra, un órgano. El culto está por comenzar.

Hay alrededor de 60 personas en este recinto religioso ubicado en el condado Liberty, Texas. El flujo de asistentes es constante, pero silencioso. Algunos aceptan ser fotografiados; otros bajan la mirada, se cubren el rostro con la mano o con el niño que llevan cargado. Se voltean. El gesto se repite.

Antes de iniciar el sermón, el pastor Jesús Isaza —colombiano, residente de la zona desde hace más de una década— explica a la congregación quiénes somos y por qué estamos allí. Su voz se amplifica en el micrófono y resuena con eco. La iglesia escucha sin interrumpir. La cautela no responde a un hecho puntual. Es un clima.

Isaza vive con su esposa e hijos en una casa prefabricada contigua al templo. La frontera entre el espacio familiar y el religioso son apenas unos pasos. Antes vivía en Houston, pero como miles de sus vecinos decidió comprar un terreno y construir patrimonio. En 2017 levantó el templo que hoy congrega a buena parte de la comunidad. Según el pastor, en la zona viven principalmente centroamericanos —con predominio hondureño—, además de colombianos y venezolanos.

Cuando llegó, recuerda, el área estaba prácticamente baldía. Donde hoy hay casas móviles y caminos de terracería, antes solo había vegetación baja y lotes sin trazar. El crecimiento poblacional en la última década ha sido, dice, “impresionante”.

Con el tiempo, la iglesia se convirtió en testigo de algo que trasciende las demandas judiciales contra Colony Ridge: el miedo cotidiano, la amenaza latente y la sensación de vivir bajo sospecha. Ese clima de cautela no nació dentro del templo. Se fue instalando en toda la comunidad a medida que Colony Ridge comenzó a ser nombrada —y señalada— desde fuera.

Colony Ridge, también conocido como Terrenos Houston, es el nombre asociado a un extenso desarrollo inmobiliario que quedó bajo escrutinio tras dos demandas —una federal y otra estatal— presentadas en diciembre de 2023 y marzo de 2024. Las acusaciones señalaban prácticas abusivas y presuntamente discriminatorias en la venta y financiamiento de terrenos dirigidas, en su mayoría, a compradores latinos e inmigrantes.

Ese frente judicial llegó a una resolución el 10 de febrero de 2026, cuando autoridades federales y estatales formalizaron un acuerdo con la empresa para cerrar los litigios por discriminación crediticia y condiciones de venta engañosas. El pacto establece el pago de 68 millones de dólares —incluidos 48 millones para mejoras de drenaje e infraestructura y al menos 20 millones para reforzar la presencia policial en la zona—, así como una moratoria de 36 meses que suspende la expansión del desarrollo y la venta de nuevos lotes. También impone reglas más estrictas de transparencia, evaluación crediticia y verificación de identidad, bajo la supervisión de un monitor independiente.

Mientras tanto, miles de familias compraron o alquilaron un pedazo de tierra con la esperanza de un futuro propio. Muchas de ellas viven con estatus migratorio irregular.

LA ESTIGMATIZACIÓN COMO CORTINA DE HUMO

El desarrollo, que se extiende por unos 33,000 acres, no se convirtió en símbolo público por sus contratos, sus ejecuciones hipotecarias o su modelo de negocio, sino por el miedo que empezó a rodear a sus habitantes y por las consignas que lo etiquetaron en redes sociales como un “imán para inmigrantes ilegales”.

Mientras la atención pública se desplazó hacia narrativas de criminalidad y orden público, las prácticas inmobiliarias que se examinaron en los tribunales quedaron durante años en segundo plano.

Este territorio no incorporado del área metropolitana de Houston fue designado en 2018 como Opportunity Zone, un programa creado para atraer inversión privada mediante incentivos fiscales. Con el tiempo, sin embargo, el discurso oficial cambió: lo que primero fue promovido como un experimento de acceso a la propiedad pasó a ser presentado como una zona de riesgo.

La campaña de desprestigio no surgió de investigaciones judiciales ni de datos criminales, sino de declaraciones políticas amplificadas en redes sociales y medios alineados con la extrema derecha, en un contexto preelectoral donde la inmigración volvió a ocupar un lugar central. A Colony Ridge se le retrató como un foco de criminalidad y, en algunos casos, como un espacio supuestamente vinculado a cárteles. Las afirmaciones se multiplicaron en conferencias de prensa, redes sociales y programas de opinión, amplificadas sin contexto ni matices.

En una sesión legislativa extraordinaria de octubre de 2023, el gobernador de Texas, Greg Abbott, impulsó la asignación de más de 40 millones de dólares para reforzar el patrullaje y la vigilancia en una zona de al menos 33,000 acres —una extensión comparable a unas 25,000 canchas de fútbol americano—. La presencia policial se volvió constante y visible.

La respuesta estatal pareció seguir el ritmo del relato. No al revés.

“Agentes del DPS de Texas y agentes especiales están asistiendo a Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), con un operativo en Colony Ridge esta mañana. Están apuntando a criminales e inmigrantes indocumentados. He trabajado con Tom Homan en esto durante meses”, reportó el mismo Abbott, el 25 de febrero de 2025 en su cuenta de X. “118 personas arrestadas durante un operativo migratorio en Colony Ridge. Gracias a ICE, HSI y al Departamento de Seguridad Pública de Texas por tomar medidas contra este foco de inmigración irregular. Debemos mantenernos vigilantes respecto a este vecindario”, publicó un día después.

¿QUÉ TAN PELIGROSO ES COLONY RIDGE?

Cuando se revisan los datos oficiales, la narrativa del desborde criminal pierde sustento. 

Registros del Departamento de Seguridad Pública de Texas para el primer y segundo trimestre de 2025 muestran que, en términos per cápita, el condado Liberty presenta tasas de criminalidad considerablemente más bajas que otros condados del área metropolitana de Houston. 

En 2024, el condado Harris —con cerca de cinco millones de habitantes— registró más de 4,000 delitos por cada 100,000 personas. El condado Liberty, con poco más de 115,000 residentes, reportó alrededor de 1,600 delitos por cada 100,000 habitantes. En términos prácticos, esto equivale a unos 16 delitos por cada 1,000 personas en un año, o aproximadamente un delito por cada 62 habitantes: una tasa significativamente menor que la de áreas urbanas densamente pobladas.

Existen delitos graves —como asaltos, violencia familiar y algunos delitos sexuales—, pero los registros disponibles no evidencian picos atípicos ni patrones sistemáticos que respalden la narrativa de un territorio fuera de control asociado a la presencia de personas indocumentadas.

En noviembre de 2023, en medio de esos señalamientos, el entonces director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, compareció ante el Senado estatal para matizar la narrativa dominante. Fue explícito: “no es un problema de crimen, es un problema de crecimiento”. Explicó que el rápido aumento poblacional —con más del 60% de los residentes sin licencia de conducir y recursos policiales limitados— había desbordado la infraestructura y la capacidad institucional del condado, generando infracciones y tensiones cotidianas, pero sin evidencia de redes criminales organizadas ni patrones delictivos fuera de lo común.

Zach Harkness, titular del Distrito Policial 6 del condado Liberty, con más de 20 años de experiencia en las fuerzas policiales de la región, sostiene lo mismo que McCraw, que en ese asentamiento “el índice delincuencial es como en cualquier otro lugar” en Texas. Ni más, ni menos.

Y aunque la misión principal de su despacho se concentra en la ejecución de procesos civiles —notificación de documentos fiscales, desalojos, divorcios, demandas— también cumple funciones de alguacil y seguridad para el tribunal civil local. Desde ese lugar, sostiene un dato que rara vez entra en el debate público: “En los últimos cinco años, la gran mayoría de los desahucios se realizan de manera pacífica; los inquilinos nunca han sido desalojados físicamente por los agentes”.

Este medio solicitó entrevistas y cifras oficiales a la Oficina del Alguacil del Condado Liberty entre septiembre y noviembre de 2025. No hubo respuesta. También se solicitaron estadísticas a la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) para conocer la cantidad de personas deportadas tanto en el condado como específicamente dentro del desarrollo de Colony Ridge. Consultado por correo electrónico, el vocero de la agencia, Tim Oberle, indicó que las cifras correspondientes al último año aún están en proceso de cierre y que serán publicadas posteriormente mediante un comunicado oficial.

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EL MIEDO COTIDIANO

Para el pastor Isaza, la consecuencia más visible de los operativos de seguridad y del cambio de narrativa es una caída sostenida en la asistencia a los servicios religiosos. Desde febrero de 2025, los operativos migratorios se volvieron frecuentes —“dos o tres veces por semana”, dice— y la gente dejó de salir.

“Vienen a buscar a una persona y se llevan a otras”, cuenta. Recuerda el caso de una madre cuyo hijo adolescente fue detenido cuando viajaba en un vehículo con otras personas. El objetivo era uno de los acompañantes. El resto quedó atrapado en el operativo.

La iglesia volvió a funcionar como refugio, pero también como termómetro del miedo. Menos abrazos. Menos voces. Más silencios.

Yeimi prefiere no mostrar el rostro. Acaba de dar a luz y su recién nacida duerme en un portabebés. Llegó a Estados Unidos hace dos años junto a su esposo y sus dos hijos de 11 y 8 años. Cruzaron el río, se entregaron a las autoridades y pasaron días detenidos antes de ser liberados en Houston. “Estuvimos ocho días en la nevera, esperando una respuesta. Un domingo nos sacaron y pues nos dejaron en Houston”, recuerda.

Las neveras o hieleras son celdas ubicadas en centros de detención de corto plazo en las cercanías de la frontera suroeste entre EE. UU. y México donde las personas no deberían permanecer más de 72 horas, según las directrices del Gobierno. Están custodiadas por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés).

Yeimi terminó viviendo en Colony Ridge porque ya contaba con familiares en esa zona. La red familiar funcionó como único anclaje.

“Decidimos quedarnos aquí y luego rentamos una casa móvil”, sostiene.  

Su esposo empezó a trabajar como ayudante de construcción y ella se quedaba en casa al cuidado de los hijos. Cada 15 días, recuerda, tenía que reportarse con las autoridades a través de videollamadas, citas en su domicilio y hasta en las oficinas de inmigración. A principios de junio de 2025, le dijeron que se presentara en persona “para revisar su estatus”.  

“Ese día que yo llegué a la cita, había muchas mujeres, hombres, aún muchachas embarazadas y las deportaron. Aún con un abogado le dan deportación, les rompen su permiso de trabajo, se los rompen y los deportan”.

Yeimi se presentó sola a su cita, pero como demoraba mucho tiempo, su esposo, que esperaba en el estacionamiento con sus dos hijos, decidió averiguar qué pasaba. Fue la última vez que ella los vio. Inmigración los procesó para luego detenerlos y deportarlos a los pocos días a Honduras. 

“A mí me dieron un mes para sacar el pasaporte a mi bebé, para deportarme también con mi niña”. Cuando se le cuestiona por su futuro, responde con la voz quebrantada:

“¿El futuro? No pues, no puedo hacer nada más. Tengo que entregarme a inmigración en cuanto llegue el pasaporte de mi nueva bebé”. 

No se arrepiente del intento migratorio por buscar un mejor futuro para sus hijos, pero en caso de decidir de nuevo, optaría por quedarse en su país. 

Yeimi se presentó con el pasaporte de su bebé tramitado en el consulado de su país en Houston un mes después de la detención de su marido, para que se ejecutara la orden de deportación. Le dijeron que comprara su boleto de regreso. La iglesia Jesucristo La Roca organizó una colecta de donativos para ayudarle con los gastos. Se reencontró con su familia en Honduras a finales de octubre. 

UN HIJO DETENIDO Y DEPORTADO

Antes de empezar a llorar desconsoladamente, Erlín Lorena Caramejía, madre hondureña, cuenta que abandonó su país por el riesgo que significaban las maras y el contexto de violencia que existía en ese entonces para su hijo que tenía 15. Por eso, decidió emigrar hace más de seis años a EE. UU. 

“Mi hijo tiene 21 ahora y me ayudaba con los gastos porque una mujer sola pues no gana mucho, entonces él empezó a trabajar en construcción. Todo estaba bien, nosotros vivíamos bien, del trabajo a la casa y mi hijo practicaba su deporte. Hace 12 días iba para su trabajo cuando lo detuvo migración. Cuando yo hablé con él, me dijo que solo le habían pedido sus papeles y pues como no tenía permiso, no tenía licencia, nada, pues lo detuvieron y ya ahorita pues me ha cambiado mucho la vida”. 

Erlín insiste en que su hijo no es un delincuente. Buscó asistencia legal para intentar defenderlo, pero el costo fue inalcanzable: el abogado le pidió 12,000 dólares solo para llevar el caso, además de varios miles más para cubrir una posible fianza, si es que llegaba a ser concedida. Para una economía doméstica frágil, esas cifras resultaron imposibles.

“Yo le pido mucho a mi Dios —dice—. Yo le he rezado mucho porque solo Él tiene la fuerza y el derecho de juzgar a cualquier persona, nadie más”.

En octubre, su hijo fue deportado a Honduras.

Las consecuencias del estigma no se miden solo en discursos o presupuestos, sino en vidas concretas. Las historias de Yeimi y Erlín no son excepcionales en Colony Ridge: representan a familias trabajadoras que quedaron atrapadas entre el estigma público y la política migratoria.

Para quienes viven en Colony Ridge, el resultado fue concreto: más vigilancia, más miedo y menos margen para hablar. El despliegue de seguridad —intenso y visible— no se tradujo en mayor protección para quienes denunciaban abusos financieros, sino en un clima de intimidación que desalentó la queja y el reclamo.

Las experiencias de María Acevedo, las hermanas Sánchez, Abrahan Bauzá y Carla García Ramos también fueron distintas en montos y circunstancias, pero convergieron en un mismo punto: la pérdida económica vino acompañada de miedo. “Te amenazan con llamar a inmigración si te quejas”, repiten.

En ese cruce entre control, silencio y desprotección, Colony Ridge dejó de ser solo un desarrollo inmobiliario cuestionado. Se convirtió en un lugar donde denunciar tuvo un costo adicional: exponerse. Y donde, para muchas familias, guardar silencio terminó siendo la única forma posible de protección.

Este reportaje forma parte de la serie de tres artículos “Terrenos Houston: El sueño americano embargado”, con la colaboración de Ernesto Castillo, Lorena Guatibonza, Patricia Estrada, Nayive Molina y Alejandro Olivares.