Mujer hispana demanda al condado Starr luego de ser arrestada por supuesto aborto autoinducido

Una mujer hispana arrestada y acusada de asesinato por un presunto aborto autoinducido en Texas presentó una demanda contra el condado Starr y sus principales fiscales argumentando que violaron sus derechos civiles, informaron medios estadounidenses.

Lizelle González fue detenida bajo una fianza de medio millón de dólares y acusada de “asesinato” por haber supuestamente “causado la muerte de una persona mediante el aborto autoinducido”.

La hispana pasó tres días encarcelada antes de que el fiscal del condado Starr, Gocha Ramírez, retirara los cargos.

La mujer, cuyo apellido era Herrera en el momento de su arresto, acudió a la sala de emergencias en enero de 2022, después de usar misoprostol para “supuestamente inducir un aborto” cuando tenía 19 semanas de embarazo, según detalla la demanda citada por el periódico The Hill.

Los médicos que revisaron a González, en ese entonces de 26 años, encontraron que el feto tenía latidos en su corazón y la madre no experimentaba contracciones por lo que la mantuvieron en observación una noche y la dieron de alta, con una cita de seguimiento para cuatro días después.

Sin embargo, la mujer regresó a la sala de emergencia 40 minutos después con dolor abdominal y sangrado. Los médicos en ese momento no encontraron latidos del corazón en el feto, por lo que procedieron a practicarle una cirugía.

González fue arrestada en abril de 2022, después que el hospital informara a las autoridades sobre el hecho, en violación de las leyes federales de privacidad del paciente, detalla la querella legal.

La demanda, presentada en una corte federal de Texas, asegura que ni la Oficina del Alguacil del condado Starr ni el Departamento de Policía de Grande City realizaron una investigación sobre el hecho.

Sin embargo, la fiscal asistente Alexandria Lynn Barrera adelantó su propia investigación basada en informes del personal del hospital para realizar la acusación.

Para abril de 2022, en Texas había un veto casi total al aborto que prohíbe esa práctica en cuanto se detecte actividad cardíaca fetal, alrededor de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

Sin embargo, no era la persona embarazada quien podía ser encarcelada en función de esa ley, sino los médicos u otras personas que la ayuden a abortar, por lo que esa legislación no justificaba la acusación contra González.

La demanda alega que los fiscales Ramírez y Barrera sabían que la ley eximía a González, pero que “procedieron a proporcionar al gran jurado información y omisiones falsas y engañosas para asegurar” un cargo de asesinato por el aborto.

La querella también advierte de que el arresto y el cargo de asesinato “han cambiado para siempre la vida del demandante” debido a la atención que recibió por parte de la prensa. Señalan que la fotografía del arresto de González apareció en línea pocas horas después de su arresto. 

Con información de EFE