Inmigrantes acusados de pertenecer al Tren de Aragua son deportados sin derecho a defensa

Carlos González, (no es su nombre real), llegó a Estados Unidos con la esperanza de un futuro mejor. Huyendo de la crisis en Venezuela, trabajaba en una fábrica en Texas para enviar dinero a su familia. 

Nunca imaginó que, sin previo aviso, sería detenido y deportado a El Salvador, sin audiencia ni posibilidad de defenderse. Su crimen: tener un tatuaje de rosa, suficiente para ser etiquetado como miembro de la pandilla Tren de Aragua.

Además de aplicar aranceles del 25% a la industria automotriz, El Presidente Trump aplica La ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una de las más infaustas en la historia de EE. UU. 

Solo se ha aplicado tres veces, siempre en tiempos de guerra, y en la Segunda Guerra Mundial sirvió para enviar a estadounidenses de origen japonés a campos de prisioneros. Ahora, Donald Trump habla de usarla para deportaciones masivas, incluyendo el envío de migrantes a Guantánamo.

Trump podría invocar la norma esta semana para expulsar a sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua, organización que su gobierno ha declarado grupo terrorista. La ley otorga poderes extraordinarios al presidente para ordenar la detención y deportación de extranjeros mayores de 14 años sin derecho a audiencia. 

La Administración parecía haber detenido el envío de migrantes a Guantánamo, pero la operación ha costado 16 millones de dólares y ha transportado a 290 personas, según confirmó el Pentágono.

Según Immigration Impact , la declaración que invoca la ley se mantuvo en secreto antes de ser publicada. Ahora, en medio de una batalla legal, la administración Trump ha continuado deportaciones sin audiencia.

El Washington Post reportó  que cuatro venezolanos en Dallas fueron arrestados y deportados a El Salvador sin aviso. Sus familias sólo supieron de su destino cuando los vieron en un video del gobierno salvadoreño, presos en una cárcel de máxima seguridad. Reuters informó de deportaciones basadas solo en tatuajes, sin pruebas de vínculos criminales.

De acuerdo a Immigration Impact, la abogada Lindsay Toczylowski denunció en redes la deportación de un cliente suyo, un tatuador venezolano que fue arrestado antes de su audiencia de inmigración y enviado a El Salvador sin explicación.

Carlos ahora se encuentra en una prisión en El Salvador, sin entender por qué fue deportado a un país donde nunca ha estado. Su familia en Caracas llora su ausencia, y su madre sigue esperando las remesas que ya no llegarán. Su historia es una de muchas que muestran cómo una ley arcaica está arrebatando derechos y futuro a muchos migrantes.

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Juan Hernández es Secretario del Migrante y Enlace Internacional y presidente de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención al Migrante (CONOFAM) en México. Esta columna fue publicada originalmente en El Sol de México / El Sol de León / _El Sol de Irapuato