Por Cassidy Jensen
El Gobierno de Donald Trump anunció que promulgará una ley que data de la Segunda Guerra Mundial y que exige que los inmigrantes se registren ante el gobierno federal. Sin embargo, expertos afirman que la medida solo busca generar temor y que aún es demasiado pronto para determinar cómo funcionará.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS por sus siglas en inglés), Kristi L. Noem, declaró el 25 de febrero que los inmigrantes de 14 años o más que ingresaron al país sin visa deben registrarse ante el gobierno federal dentro de los primeros 30 días tras su llegada, lo que incluye proporcionar sus huellas dactilares.
Aquellos que se presenten deberán portar una prueba de registro. No cumplir con esta obligación podría derivar en un proceso penal y en prisión, según el anuncio de Noem.
En el comunicado del DHS, emitido tras la mención de Trump sobre un registro de inmigrantes en una orden ejecutiva del 20 de enero, la administración vinculó el plan a una campaña publicitaria más amplia que insta a los inmigrantes a autodeportarse.
“Durante décadas, esta ley ha sido ignorada. Eso se acabó”, decía el comunicado del DHS publicado la semana pasada.
Sin embargo, abogados especializados en inmigración aseguran que la ley aún no puede aplicarse, partiendo por que el gobierno no ha creado un formulario para que las personas puedan registrarse.
La administración de Trump indicó que los inmigrantes no registrados deben crear un perfil en línea con el Servicio Nacional de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS por sus siglas en inglés), donde eventualmente se habilitará el proceso de registro.
“En este momento, hay muchas incógnitas”, dijo Elora Mukherjee, profesora de la Escuela de Derecho de Columbia y directora de su Clínica de Derechos de los Inmigrantes. Mukherjee señaló en una entrevista el lunes que los inmigrantes ya están consultando si deben registrarse ellos mismos o a sus hijos.
BUSCAN SEMBRAR PÁNICO EN LOS INMIGRANTES
Los expertos advierten que el requisito de registro solo busca infundir miedo en la comunidad inmigrante, donde algunos ya han tomado medidas como no enviar a sus hijos a la escuela por temor a la deportación.
No está claro hasta qué punto las autoridades de inmigración podrían hacer cumplir el registro de potencialmente millones de inmigrantes indocumentados.
USCIS enumera las categorías de inmigrantes que ya se consideran registrados, un grupo que incluye personas con permisos de trabajo o tarjetas de residencia y aquellos en procesos de deportación. También hay una lista de documentos que sirven como prueba de registro.
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, afirmó en un comunicado la semana pasada que la administración está instando a “aquellos que están ilegalmente en nuestro país” a que se vayan de Estados Unidos de inmediato.
“La administración Trump hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración. No elegiremos cuáles aplicamos y cuáles no. Debemos saber quién está en nuestro país por la seguridad y protección de nuestra nación y de todos los estadounidenses”, dijo McLaughlin en el comunicado.
Si el requisito entra en vigor, los expertos aseguran que los inmigrantes indocumentados que no han tenido contacto previo con el gobierno federal enfrentarán una decisión difícil: arriesgarse a la deportación registrándose, o enfrentar un proceso penal por no hacerlo. Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha límite para el registro.
PUNTO DE VISTA LEGAL
Una explicación de la Legal Aid Society para abogados advierte que el registro no protege a los inmigrantes de cargos penales que el DHS podría presentar.
“Elegir registrarse es una decisión importante. Todos deberían hablar con un abogado de inmigración si pueden antes de hacerlo y, con suerte, esto será bloqueado en una corte federal”, dijo Mukherjee.
Stephen Yale-Loehr, profesor retirado de derecho migratorio en la Universidad de Cornell, explicó que este cambio es más fácil de implementar para la administración Trump en comparación con otras políticas, ya que se basa en una ley existente que rara vez se aplicaba.
Hacer cumplir el requisito de registro probablemente implicará la contratación de más agentes de inmigración, y es poco probable que los fiscales federales procesen a todas las personas que no se registren.
Esto, finalmente, convierte el anuncio de la semana pasada en “una táctica de intimidación”, según Yale-Loehr. “Es una guerra total, y esta es solo una herramienta más en su arsenal para librar una batalla contra los inmigrantes”.
Estar en EE. UU. sin un estatus migratorio no se considera un delito, pero la aplicación de esta ley cambiaría eso, señala Stacy Caplow, profesora en la Escuela de Derecho de Brooklyn.
“Eso es lo perverso de todo esto”, dijo Caplow. “Está convirtiendo lo que esencialmente es una infracción civil en un delito penal”.
UNA LEY DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
La ley se remonta al Acta de Registro de Extranjeros de 1940, que en 1952 se amplió para exigir que los inmigrantes registrados llevaran consigo una prueba de su estatus.
La última vez que se aplicó fue bajo el Sistema Nacional de Registro de Entrada y Salida de Seguridad (NSEERS por sus siglas en inglés) tras el 11 de septiembre de 2001. Este obligaba a registrarse a todos los hombres titulares de visas de 16 años o más, provenientes de 25 países —todos con mayoría musulmana excepto uno.
Aunque el NSEERS, que terminó oficialmente en 2016, llevó a más de 13,000 personas a procedimientos de deportación, los procesamientos por no registrarse fueron poco frecuentes, según una hoja informativa del Consejo Estadounidense de Inmigración.
La ley, vigente desde hace décadas, establece que los no ciudadanos mayores de 14 años, o los padres de menores de 14, que “intencionalmente” no se registren después de 30 días en EE. UU. pueden enfrentar hasta seis meses de cárcel o una multa de hasta mil dólares. Los adultos que no porten prueba de registro también pueden ser acusados de un delito menor y multados con hasta cien dólares.
Una falta “intencional” significa que las personas deben estar al tanto del requisito, explicó Anthony Enriquez, vicepresidente de Defensa y Litigios en EE.UU. de Robert F. Kennedy Human Rights.
Enriquez advirtió que exigir a los inmigrantes portar una prueba de registro podría tener consecuencias de gran alcance en el sistema de justicia penal, incluso para ciudadanos estadounidenses.
“Lo que realmente hace esta ley es decirle a la policía que está bien detener y arrestar a cualquiera que vean si no está llevando consigo prueba de su ciudadanía”, afirmó.
Grupos de defensa probablemente impugnarán el requisito de registro en los tribunales y presentarán demandas si la ley se aplica de manera selectiva o mediante perfiles raciales.
Theo Oshiro, codirector ejecutivo de Make the Road NY, afirmó en un comunicado que la ley “no tiene nada que ver con la seguridad o la economía”.
Por eso, esta es su conclusión: “Este nuevo requisito, con su larga historia de racismo y exclusión, es solo otra acción de la administración Trump para sembrar terror y pánico en las comunidades inmigrantes”.
Este reportaje salió publicado originalmente en Documented
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